La clave es la deuda

La historia de España está condicionada por nuestra deuda pública. Desde el siglo XVI hemos incurrido en numerosos impagos y reestructuraciones de deuda que provocaban graves crisis económicas, sociales y políticas. Desde que aprobamos la Constitución hemos vivido un periodo de estabilidad financiera y eso ha permitido el mayor periodo de desarrollo humano y democrático de toda nuestra historia.

Durante la burbuja, el endeudamiento fue privado y la deuda pública neta bajó a niveles del 20% del PIB. Pero la crisis provocó un desplome de los ingresos públicos y un aumento del gasto por desempleo, y la deuda pública ha subido hasta el 100% del PIB, máximo desde 1909. Esta es la razón que explica que los padres de la Constitución de 1931 incluyeran un artículo prohibiendo el impago de la deuda pública, que fue replicado por los padres de la Constitución de 1978 en el artículo 135.

Desde las elecciones de 2015 España ha entrado en un periodo de fragmentación que está dificultando la gobernabilidad y la capacidad para reducir la deuda pública. Bruselas, con los ajustes entre 2010 y 2012, provocó una doble recesión, agravada en el caso español por la torpeza de Rajoy, que acabó rescatado. Pero desde 2014 la Comisión ha pasado al otro extremo de tolerancia. En 2015 Rajoy en campaña electoral anunció una bajada de impuestos estructural del 1% del PIB que le llevó a incumplir sus objetivos de déficit. Y la Comisión Europea lo permitió.

La herencia de deuda de Rajoy más complicada de gestionar es la necesidad de emitir en 2019 220.000 millones de deuda pública, el 20% del PIB. Desde 2015 la ingobernabilidad la ha resuelto el BCE comprándonos el 8% del PIB en deuda pública cada año. En 2018 las compras han bajado al 4% del PIB. Pero en 2019 el Banco Central ha anunciado que tan solo comprará el 1% del PIB.

Por lo tanto, tendremos que financiar el 19% del PIB de las emisiones de deuda en el mercado y ese dinero se usará para pagar las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Y de nuevo volvemos a ver inestabilidad financiera global que ya ha llegado a Europa. La volatilidad extrema registrada por el mercado de deuda pública italiana en las dos últimas semanas recuerda a las crisis de 2010, 2011 y 2012. Y de nuevo el riesgo soberano y bancario van juntos.

El debate relevante no es si Bruselas va a aceptar nuestro presupuesto. La cuestión clave es si vamos a emitir los 220.000 millones en 2019 y, sobre todo, a qué tipo de interés. Ese tipo de interés va a determinar las nuevas inversiones de las empresas y creación de nuevos empleos. Si no podemos emitir esa cantidad habría que aplicar recortes y en caso extremo solicitar otro rescate o reestructurar la deuda. La realidad es que PP y Ciudadanos han sido incapaces de reducir la deuda pública con tipos al 0% y el BCE comprándola desde 2016. Y no parece que el PSOE con Podemos y los nacionalistas lo vayan a conseguir.