Justicia estudia penalizar a los bancos que pleiteen con mala fe por cláusulas abusivas

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció este miércoles que el Gobierno prepara cambios normativos para penalizar a los bancos que insisten en acudir a la vía judicial y en alargar el proceso con recursos en casos de cláusulas abusivas. Entre las medidas que adelantó Delgado para solventar el colapso de los juzgados especializados en estos pleitos, destaca la imposición de intereses sancionadores a los bancos cuando actúen con mala fe para alargar los procesos o retrasar la devolución del dinero a los clientes. El objetivo sería forzarles a que acudan a la vía extrajudicial, que ahora apenas usan.

El Gobierno es consciente del colapso de los juzgados especializados en cláusulas bancarias abusivas que se pusieron en marcha en junio de 2017 ante la avalancha de pleitos que llegaban a los juzgados ordinarios. Avalancha fue justamente la palabra que usó ayer la ministra para referirse a las más de 250.000 demandas que se han presentado en menos de año y medio y que han provocado un “cuello de botella”, según reconoció. De ahí que su ministerio esté preparando “medidas preventivas” que incluyen tanto la penalización a los bancos como el fomento de la vía extrajudicial para resolver estos asuntos.

Hasta ahora, los bancos han perdido el 97% de los pleitos, un porcentaje que, según las asociaciones de usuarios de la banca, indican claramente que acuden a esta vía con la intención de dilatar el proceso, retener el dinero de sus clientes lo más posible y, en última instancia, desincentivar a otras personas. El cuello de botella de los juzgados deja otra cifra poco alentadora: solo se han resuelto dos de cada diez pleitos presentados por los ciudadanos. En muchos casos se tarda más de un año solo en que un juzgado admita a trámite la demanda.

Ante la evidencia de que esa carretera está atascada, Justicia quiere desviar estos casos a otra mucho más despejada: el cauce extrajudicial que se puso en marcha después de que el Tribunal de Justicia de la UE determinara que los bancos debían devolver lo cobrado por cláusulas suelo con carácter retroactivo. Para Justicia, la mejor manera para que los bancos accedan a dirimir sus diferencias por esta vía es amenazar con penalizarles económicamente. Para dar forma al plan sería necesario reformar dos leyes: por un lado, el decreto ley 1/2017 con el que se creó la vía extrajudicial, y por otro, la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitiría a los jueces imponer, además de las costas, intereses sancionadores.

Estos intereses se calcularían sobre la cantidad total que los tribunales obligaran a devolver, y sería el juez el que dictaminara, en cada caso, si el banco actúa con mala fe. Por ejemplo, si una entidad ha sido condenada en múltiples ocasiones por la misma cláusula del mismo tipo de hipoteca, e insiste en llevar las nuevas reclamaciones ante los tribunales. O cuando hay suficiente jurisprudencia acerca de unos gastos o una cláusula determinada.

La reforma del decreto ley 1/2017 permitiría que los usuarios reclamaran directamente a los bancos no solo en los casos de cláusulas suelo —que fue para lo que se creó originalmente esta vía— sino para todas las condiciones que se consideran abusivas, como las hipotecas multidivisa, el vencimiento anticipado, intereses moratorios, swaps, gastos de formalización de hipoteca...

Las medidas anunciadas ayer responden a las peticiones manifestadas por las comunidades autónomas en una reciente reunión sectorial. Según fuentes de Justicia, en esta cita hubo acuerdo en el diagnóstico de que el sistema no funciona, y se pidieron soluciones. El pasado miércoles el Consejo General del Poder Judicial, Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas (País Vasco, Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja) aseguraron que es necesario mantenerlos a pesar de sus deficiencias. Para paliarlas, el CGPJ se ha comprometido a elaborar un estudio exhaustivo en aquellas zonas que presentan una menor tasa de resolución para adoptar medidas específicas.

Medidas paliativas

Según Delgado, durante la tramitación parlamentaria de estas reformas legales, su departamento seguirá con las “medidas paliativas”, como las 150 plazas de jueces y 120 plazas de letrados de la Administración de Justicia que se han creado hasta ahora para “fortalecer los juzgados”. El refuerzo, aseguró, seguirá siendo necesario porque “siguen entrando asuntos”. Solo en el tercer trimestre de este año se presentaron casi 50.000 nuevas demandas en los juzgados especializados.

Delgado deslizó críticas al anterior Ejecutivo en su intervención ayer en la sesión de control al Gobierno. “Se dio café para todo el mundo sin estudiar las diferencias entre los territorios”, aseguró, y también reprochó la decisión misma de habilitar sedes uniprovinciales especializadas en litigios hipotecarios. “No fue debidamente evaluada”, aseguró. Respondía así a la diputada de ERC Carolina Telechea, que afeó al Consejo General del Poder Judicial estar “más preocupado de los lazos amarillos” que por el fracaso de los juzgados especiales.

De momento, Justicia no se plantea avanzar en algunas propuestas que le han hecho llegar desde la judicatura, como la de promover reformas legislativas similares que faciliten la presentación de demandas colectivas. Esa es, por ejemplo, la propuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira. “La litigación masiva es algo que nos ha explotado de unos años para acá y que en la Administración de justicia no hemos sido capaces de afrontar en las debidas condiciones”, aseguró en una entrevista con EL PAÍS. “No podemos estar sujetos a que periódicamente surja una polémica que afecta a un montón de personas y que eso signifique que nos entren 50.000 asuntos en los juzgados. En EE UU, Inglaterra O Alemania hay sistemas de obligatoriedad de presentar demandas colectivas para que se siente criterio y este se pueda aplicar directamente”, añadió.