Agricultura regulará antes de acabar el año la venta a pérdidas en la cadena alimentaria

El Ministerio de Agricultura ultima una disposición para regular y sancionar la venta a pérdidas de los productos agroalimentarios en toda la cadena y no solo en el tramo final de la gran distribución. Los servicios jurídicos del departamento que dirige Luis Planas todavía no han decidido si sacar adelante la misma a través de un real decreto ley o modificando leyes en vigor como reclaman las organizaciones sectoriales para que sea Agricultura quien la aplique. En todo caso, el objetivo del ministerio es que la reforma esté en vigor antes de fin de año.

La persecución de la venta a pérdidas era una posibilidad contemplada en los últimos años en la Ley de Comercio Minorista, así como en la Ley de Competencia Desleal. La primera norma contempla su denuncia cuando ello afecte a los intereses de los consumidores.

Sobre la base de esa ley, el gobierno murciano sancionó a la empresa de distribución Europamur. Sin embargo, la compañía recurrió al Tribunal de Justicia de la UE, que falló contra esta sanción por considerar que ese motivo no estaba contemplado en la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales. En consecuencia, desde octubre de 2017, esa ley no tenía capacidad para sancionar la venta a pérdidas.

La Ley de Competencia Desleal recoge la denuncia por venta a pérdidas solamente en tres supuestos: cuando incite a error a los consumidores sobre el nivel de precios de otros productos, cuando tenga como objetivo desacreditar la imagen un producto o de otros establecimientos, y cuando el objetivo sea eliminar a un competidor del mercado, en todos los casos con una gran dosis de subjetividad de cara a un juicio.

El sector agrario no valoraba la existencia de esta disposición para combatir estas prácticas porque las denuncias debían ser solventadas en los tribunales. Esto conlleva que el denunciante se identifique ante el distribuidor, lo que suele disuadirle por temor a represalias.

Con la nueva disposición se pretende llenar el vacío actual para combatir ventas muy por debajo de los precios de compra, que perjudican la imagen de calidad de productos como la leche el o aceite, argumentando que suponen una competencia desleal entre empresas, básicamente de la industria y de la distribución.