La fiscalía pide siete años a un director de banco que estafó 321.000 euros a una pareja de jubilados
Los ancianos, ambos analfabetos, fueron engañados para que depositaran en una cuenta más de medio millón de euros en una sucursal de Almonte (Huelva)
La fiscalía ha pedido siete años de cárcel para el director de una sucursal bancaria por apropiarse de 321.000 euros de una pareja de jubilados analfabetos de Almonte (Huelva). El acusado los engañó para que depositaran en una cuenta los 585.000 euros que habían ahorrado durante 20 años en Alemania. En su escrito de acusación, el fiscal considera al gestor responsable como autor de un delito de apropiación indebida agravada, por el que solicita seis años de cárcel, y otro de falsedad en documento mercantil, por el que suma un año más.
A la pareja, de edad avanzada y sin experiencias financieras, se les convenció para que hicieran un depósito en el banco con el dinero que guardaban en casa, indicándoles que "podrían disponer del mismo cuando quisieran y que les generaría muchos intereses". La fiscalía acusa al individuo de lograr un beneficio económico ilícito al aprovecharse de su puesto de trabajo y de una relación de cercanía y de amistad con las víctimas.
En octubre de 2009, los ancianos realizaron un ingreso por importe de 500.000 euros y en noviembre del mismo año otro de 85.000 euros. Los perjudicados dispusieron de las dos primeras imposiciones (325.000 euros), de las que liquidaron los intereses correspondientes, pero en septiembre de 2011 cuando una de las víctimas quiso sacar el resto del dinero se le informó de que no podía disponer de él.
Así, el acusado, sin el conocimiento ni el consentimiento de los jubilados, adquirió dos paquetes de acciones para luego hacerse con cantidades de dinero procedentes de dichas operaciones, apropiándose de esta forma de más de 160.000 euros de las víctimas. Además, efectuó sendas retiradas de dinero en efectivo por más de 20.000 euros de las cuentas corrientes suplantando la firma de una de las víctimas. Tanto a él como a la entidad bancaria se le exige ahora una indemnización por todo el importe sustraído.
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