Una nueva ley eléctrica

Todos los diagnósticos están hechos y todas las soluciones enunciadas. La luz en España se encarece más y más deprisa que en Francia, Alemania o Italia. El coste de la electricidad es un peso muerto para la competitividad y para la capacidad adquisitiva. Agobiado por una subida del precio de la luz del 87% en los últimos 15 años, el Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto una medida radical: suprimir o reducir el impuesto del 7% que pesa sobre la producción de electricidad. Sí, se trataría de una decisión razonable para bajar la fiebre eléctrica; también permitiría observar con claridad cómo se comporta el mercado mientras se consideran medidas más estructurales; y, por supuesto, aliviaría la presión sobre las rentas más bajas.

Pero lo importante, que en este caso discrepa de lo inmediato, es cómo se puede aprobar una reforma estructural e integral del mercado eléctrico que, por fuerza, tiene que enfrentarse en puntos concretos con los intereses de las empresas eléctricas. Una reforma eléctrica solo podría articularse mediante una nueva ley que sustituya la de 1998 y a través de la aplicación de un conjunto de normas, órdenes y decretos para hilar todos los cabos de una regulación muy compleja. Sin ánimo exhaustivo, esa reforma perseguiría como objetivos de fondo, bajo el criterio global de crear un sistema de fijación de precios que reduzca la volatilidad extrema: 1. Modificar la estructura de producción, suprimiendo paulatinamente el carbón en beneficio de tecnologías renovables; 2. Resolver la controversia nuclear; si se cierran las plantas, habría que decidir cuál es la energía que sustituye a la nuclear; si no se cierran, sería necesario regular su vida útil y si se mantiene la producción como una oferta más en el mercado mayorista o se aplica un régimen de precio regulado; 3. Definir el esquema fiscal de la electricidad (¿sería aceptable reducir el IVA?); 4. Proponer un cuadro de protección contra la pobreza energética que pueda aplicarse a las rentas más bajas; 5. Recuperar la capacidad de planificación energética del Estado; los precios suben también debido a la presión de las compañías para compensar la infrautilización de sus activos más caros (ciclo combinado).

La mera enunciación de los objetivos revela ya que la tarea no está al alcance de cualquier Gobierno sin mayoría política o con capacidad negociadora superlativa. Veamos un poco más de cerca el punto 1. Un cálculo somero concluye que para cumplir con el compromiso de cubrir hasta el 32% del consumo total en 2030 con energías renovables sería necesario emprender una acelerada carrera inversora para financiar unos 5.000 MW de potencia nueva anual en los próximos 12 años. Está claro que un programa de inversión de este volumen exige incentivos financieros y regulación pública favorable de elevada intensidad. Por otra parte, el objetivo del 32% renovable interfiere de forma aguda con el punto 2; la producción renovable exige una potencia de respaldo de cierta consideración, lo cual es poco compatible en principio con la liquidación nuclear. Debe entenderse, pues, que no estamos ante un empeño de menor cuantía, sino ante una reforma en profundidad que debe ser bien meditada después de un debate público en el que tendrían que participar el Gobierno, las empresas, los agentes financieros (mucho tienen que decir los bancos, del déficit de tarifa sin ir más lejos) y los representantes de los consumidores. ¿Está dispuesto este Gobierno a enfrentarse a una reforma de esta profundidad durante una legislatura?