La recesión acabó con dos tercios de la vivienda nueva protegida de España

La crisis dejó temblando la construcción de vivienda protegida en España. Si entre los años 2000 y 2008 se iniciaron, de media, 72.673 inmuebles al año, en el periodo 2009-2017 ese promedio bajó hasta los 24.761. Es decir, la recesión y los recortes presupuestarios acabaron con dos tercios del esfuerzo de creación de nuevos pisos sociales. La recuperación no ha tenido efecto en este sector: el año pasado se entregaron las llaves de 4.938 viviendas, la cifra más baja en 30 años.

“Mientras no se recupere la capacidad presupuestaria, la situación no va a mejorar”, asegura Mario Yoldi, director de Planificación y procesos operativos de vivienda del Gobierno Vasco y coautor de un análisis histórico de evaluación de las políticas de vivienda recién publicado por el Observatorio Vasco de la Vivienda. Este trabajo, que compara la situación de la edificación y la rehabilitación de vivienda protegida en todas las comunidades, destaca que las consecuencias del boom inmobiliario continúan presentes tras casi una década del comienzo de la recesión de 2008.

El informe hace un repaso de los últimos 30 años de políticas públicas de vivienda a partir de las cifras oficiales. En la última década del siglo pasado había una gran actividad de construcción de vivienda protegida, con promedios anuales superiores a 61.000 pisos terminados. En cambio, en la primera década del siglo XXI el ritmo empezó a caer, aunque de forma moderada, un 10%. Hasta que llegó 2008. "La vivienda de protección ha caído en picado durante la fase de crisis (2009-2017) en consonancia con la caída general de la edificación residencial", explica Carme Trilla, economista y exsecretaria de Vivienda de Cataluña.

“En los años del boom inmobiliario las viviendas libres eran una alternativa quizá más rentable que las protegidas. Los inversores privados abandonaron la construcción de este tipo de pisos y se fueron a la vivienda libre. A partir del año 2008 es cuando se produce una reducción dramática y la vivienda protegida prácticamente desaparece. En Euskadi hemos sido como el tuerto en el país de los ciegos, porque nuestra producción cayó, pero menos, sobre todo por la apuesta por el alquiler. Y tenemos una particularidad, que es que la vivienda protegida cuesta la mitad que la libre, cuando en otras ciudades ese diferencial es muy pequeño”, afirma Yoldi.

Ahora, pasados 10 años, las cifras no muestran mejoría. “La vivienda protegida no se está recuperando”, afirma tajante Yoldi. Y no repuntará, añade, hasta que las comunidades recuperen capacidad presupuestaria, muy mermada desde la aplicación de las restricciones del Pacto de Estabilidad. “Si no hay dinero, no hay política”, resume. Pone el ejemplo de la vivienda protegida de alquiler, quizá la más costosa de todas: “No la hace ningún promotor privado porque no es rentable. Así que la tenemos que construir las administraciones. Pero nuestro presupuesto de vivienda, al menos en el País Vasco, ha caído a la mitad”.

El informe señala que la apuesta por la vivienda protegida en alquiler ha sido poco significativa “tanto en los ciclos expansivos de la economía como en los periodos de crisis”. Entre 2012 y 2016 se iniciaron apenas 898 viviendas protegidas en alquiler en toda España cada año, frente a las más de 15.000 entre 2005 y 2011, lo que supone una caída del 94%. Ocho de cada diez viviendas promovidas en España entre 2005 y 2016 fueron en régimen de compra. Por comunidades, Baleares, Cataluña y Canarias fueron las que más porcentaje de pisos de alquiler construyeron con respecto al total en esa etapa. Las que menos, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

A la crisis se ha sumado el hecho de que han ido expirando los plazos de calificación de las viviendas de compra que se iniciaron 20 o 30 años antes, apunta Trilla, que hace unos meses publicó un estudio sobre el parque de vivienda pública junto con el arquitecto Jordi Bosch para la Fundación Alternativas y Fundipax. "En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, también han expirado o están a punto de hacerlo viviendas protegidas de alquiler iniciadas apenas 10 años antes", añade. Durante los años de la burbuja ese fue el plazo del alquiler al que se calificaron. "Esto explica que esta comunidad tuviera más viviendas calificadas anualmente que la mayoría: porque fueron concebidas para el muy corto plazo. Y esto también explica el interés y la facilidad de los fondos internacionales por comprar estas viviendas", resalta.

“La única forma de revertir la situación es que las calificaciones de las viviendas protegidas que se produzcan con subvenciones públicas o sobre suelos de reserva para la protección oficial se califiquen indefinidamente; es decir, que no se conviertan en viviendas libres a corto o medio plazo que es lo que ha ocurrido en España durante los últimos sesenta años”, asegura Trilla.

Hace 15 años que la vivienda protegida en el País Vasco lo es para siempre. Esta comunidad implantó la calificación permanente en 2003, para garantizar que esos pisos pasen a estar disponibles para generaciones futuras sin fugas al mercado libre. También intentó sacar al mercado las viviendas vacías, con una normativa que preveía, en primer lugar, fomentar que los propietarios quisieran alquilar sus pisos —entre otras cosas, con préstamos sin interés para rehabilitar viviendas en malas condiciones—, y en segunda instancia, con medidas punitivas, como el pago de un canon. Aquella legislación también preveía el alquiler forzoso, pero fue recurrida en el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy y actualmente se encuentra suspendida.

“Nos suena muy bien lo que está proponiendo el Gobierno de Sánchez con respecto a las políticas de vivienda”, asegura. “Algunas cosas se parecen a lo que intentamos hacer aquí, que ya nos gustaría poder aplicarlo”, añade. Sobre las 20.000 viviendas en alquiler que ha prometido el Ejecutivo, asegura que en el País Vasco ya estarían cumpliendo su parte, porque actualmente tienen 2.000 en construcción.