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COLUMNA

La ronda eléctrica de la ministra Ribera

El ministerio plantea a las empresas los objetivos de su política energética que pasa por el cierre de centrales de carbón y nucleares

De izquierda a derecha: José Domínguez Abascal, Teresa Ribera y Miguel Arias Cañete.
De izquierda a derecha: José Domínguez Abascal, Teresa Ribera y Miguel Arias Cañete.

Una de las tareas que han entrado en los primeros días de la agenda de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido la ronda de contactos con los presidentes de las grandes empresas eléctricas, en las que ha estado acompañada por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Se trataba de algo más que visitas protocolarias. La cosa iba más por poner sobre la mesa algunos de los puntos más acuciantes de la política energética para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones fijados en Bruselas y estos afectan a las compañías porque está en juego el futuro de las centrales de carbón y nucleares.

Además de esas premisas, los planteamientos del Gobierno responde al programa socialista de ir cerrando las plantas de carbón y no alargar la vida de las nucleares. La lógica indica que, si se quiere cumplir con los mandamientos, para 2020 habría que cerrar al menos seis de las 15 plantas de carbón y, progresivamente, el resto para dejarlo prácticamente en ninguna para 2030.

En el campo nuclear, el debate pasa por ampliar la vida útil de 40 a 50 años. Hoy existen siete reactores en cinco nucleares en funcionamiento y tienen fijado el cierre a partir de 2021 (Almaraz 1, en 2021; Almaraz 2, en 2023; Ascó 1, en 2023; Cofrentes, en 2024; Ascó 2, en 2025; Vandellòs 2 en 2027, y Trillo, en 2028), pero la decisión de aumentar su vigencia debe solicitarse, por ley, con tres años de antelación. Los socialistas hasta la fecha quieren que el cierre total culmine en 2028, mientras Podemos busca adelantarlo a 2024.

Las compañías deberán presentar planes para dinamizar las zonas donde piensan cerrar

Las empresas ya han dicho que decidirán el cierre de centrales en la medida que sean rentables o no. En carbón, cuyo consumo aumentó e 2017 por la sequía, parece haber unanimidad. La reducción del carbón sería suplida con el mayor funcionamiento de los ciclos combinados, alimentados por gas natural. Iberdrola ya anunció la clausura de las térmicas de Lada (Asturias) y Vadillo (Palencia), las últimas que tiene abiertas, para 2020, lo que chocó con los planes del ministro de entonces, Álvaro Nadal, y originó protestas en las zonas afectadas. Por eso, el ministerio ha pedido a las compañías que les adelanten sus proyectos de cierres y que, junto a ellos, presenten planes para dinamizar las comarcas.

En cuanto a las nucleares, la propiedad se reparte entre Iberdrola, Endesa y Naturgy, que en muchos casos comparten accionariado, y entre ellas discrepan sobre la ampliación de la vida útil. Ya hubo enfrentamiento sobre Garoña (Burgos), que acabó con la decisión de cerrar la nuclear por parte del Gobierno, en el que los dos socios estuvieron a la greña: mientras Endesa apoyaba la reapertura, Iberdrola abogaba por el cierre.

No obstante, las nucleares suman más de 7.400 megavatios (MW) de potencia y suponen en torno al 20% del parque español, por lo que su desaparición supondría unas necesidades adicionales que no van a cubrir de la noche a la mañana las energías renovables ni los ciclos combinados a gas. Por eso, los defensores de ampliar la vida útil arguyendo que su permanencia será clave como energía de apoyo, entre otras cosas porque todavía no estarán listas las baterías de almacenamiento. Por eso, mientras en el carbón parece claro que el cierre va a ser inminente, en las nucleares se presume que será de acuerdo a las necesidades que haya de demanda y si esta está cubierta o no por las energías verdes.

Las empresas discrepan sobre la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares

Es decir, que la vida de las centrales se irá acomodando a las necesidades de suministro y siempre que sea técnicamente viable y esté garantizada la seguridad. Un problema adicional se centra en el coste. Según estimaciones de Enresa, la empresa que se encarga de los residuos, el desmantelamiento de las centrales superaría los 14.000 millones. Este asunto, ya originó una protesta de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que acusó al Gobierno del PP de querer cargar sobre las eléctricas el cierre de las nucleares.

Al respecto, el equipo de expertos que nombró el anterior ministro de Energía para asesorarle en la ley de Transición Energética y Cambio Climático presentó un escenario base en el que el carbón desaparece casi por completo y se mantienen las nucleares. En paralelo, prevé un crecimiento de las energías renovables y el gas natural. El informe final de los expertos, formado por representantes de las diversas tendencias políticas, reducía el carbón a menos de 1.000 megavatios (MW) y a las centrales a una o dos sobre las 15 actuales.

Infracciones, interconexiones y diesel, a debate

M. Á. N.

El pasado lunes, la ministra Teresa Ribera, se reunió en Madrid con el comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, en presencia también del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Más allá de la sintonía entre ellos, sobre la mesa salieron a la luz los procedimientos de infracción que tiene España abiertos en energía; las interconexiones, sobre las que esta semana habrá cumbre en Lisboa, y del fin del diesel, sobre el que Cañete subaryó que hay modelos que son menos contaminantes que otros. La misnitra había dicho que “el disele tiene los días contados”.