Portugal frena los pisos turísticos

Portugal ya tiene una ley para luchar contra el alojamiento local, se llame Airbnb o pisos turísticos. La nueva ley es revolucionaria en el país, pero no tanto en comparación a la de otros vecinos. La gran novedad es que los ayuntamientos van a tener competencias en este campo, pues hasta hora la regulación del sector era exclusiva del Gobierno nacional.

A partir de la nueva ley, los ayuntamientos podrán prohibir establecimientos, multarlos, autorizarlos o regular su cantidad por barrios, en función de la densidad de población y de viviendas.

El alojamiento local vivía en un régimen de casi absoluta libertad, pues ni siquiera había que notificarlo a los ayuntamientos. Ahora habrá notificaciones, permisos y multas y, sobre todo, muchos límites. Uno de ellos, que una persona o empresa solo podrá tener siete alojamientos locales. Las empresas que ya superen esa cantidad podrán mantenerlos, pero no aumentarlos.

Si el ayuntamiento puede frenar este tipo de alojamientos en función de su promiscuidad en un barrio concreto, también los vecinos tienen mucho que decir. La mayoría de una comunidad de vecinos podrá prohibir el piso turístico, aunque deberá justificarlo con supuestos daños en la vecindad o la perturbación de la paz de la comunidad. La decisión final es siempre del ayuntamiento.

La nueva ley complementa otra reciente que paraliza durante un año el desalojo de personas mayores o con minusvalías que lleven en la misma casa más de 15 años. Estas leyes y otras para el fomento del alquiler y de la vivienda social van encaminadas a contrarrestar la oleada de desahucios en los centros históricos de Lisboa y Oporto, principalmente, asediados por el repentino crecimiento turístico. Según Miguel Coelho, concejal de Santa Maria Maior, que rige los barrios típicos de Alfama y Mouraria, el alojamiento local en su distrito ha pasado de 43 licencias a 1.676 en cuatro años.

Pero junto a los argumentos sociales -desnaturalización de los barrios- también hay que considerar los económicos. Para muchas familias, este turismo individual se ha convertido en un ingreso inesperado, que añadir a su modesta pensión. Un tercio de los visitantes de Portugal duermen en un alojamiento local, según la ALEP, asociación nacional de este tipo de alojamiento, muy crítica con la nueva reglamentación.

Hay en el país 69.000 alojamientos locales, con 205.000 camas en total, un tercio de ellas en Lisboa, según las cifras oficiales. El estudio de la patronal hotelera AHRESP y de Turismo de Portugal señala que el sector deja en la economía de la ciudad 1.674 millones de euros, entre su impacto directo (286 millones de euros por alquiler de camas), el indirecto (550 millones por la manutención durante los días de estancia) y el inducido (829 millones por servicios turísticos complementarios).

El alojamiento local, según el estudio efectuado en 2016, emplea a 5.700 personas directamente e indirectamente a otras 13.500. En 2020, se calcula que se doblará su impacto en la economía del área metropolitana de Lisboa, rebasando los 3.700 millones de euros y los 42.000 empleos, de ellos 12.665 directos.