La patronal avisa de que subir los impuestos a las empresas “puede hacer fracasar el aumento salarial”

A los empresarios no les gusta la música que está haciendo sonar el nuevo Gobierno de que van a subir los impuestos que pagan las sociedades. Y eso es lo que han venido a decir sus máximos representantes, Juan Rosell, presidente de CEOE, y Antonio Garamendi, vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, tras verse con los líderes sindicales y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentarles el pacto salarial que recoge un incremento de sueldos de en torno al 3% en los próximos tres años. El más claro ha sido Garamendi al afirmar que "todo lo que sea un elemento de aumento de coste puede hacer fracasar ese aumento de los salarios".

El razonamiento que ha expuesto el representante empresarial es que los impuestos son costes para las empresas y que "al final son vasos comunicantes y si hay que pagarlo por un lado no se podrá pagar por otro". La traducción es clara: si suben los impuestos, esto puede frenar el incremento salarial pactado. Rosell también ha lanzado su advertencia, pero de una forma mucho más enrevesada; ha señalado que los tipos impositivos en España están en la media europea, excepto en las cotizaciones sociales "que son mucho más altas". 

Los máximos representantes empresariales han definido esta posición a la salida de la segunda reunión que han tenido, junto con sus homólogos de CC OO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en menos de un mes. En ese escenario, la respuesta de Ávarez de UGT ha sido dura: "Acabamos de firmar un acuerdo y hay que cumplirlo. No hay ningún elemento para romperlo y menos la política que pueda anunciar un Gobierno. Me parece poco serio".

Dejando al lado este rifirafe, a la salida de la reunión ambas partes han señalado que el clima ha sido cordial y que pronto, "en breve", van a comenzar a negociar los elementos del acuerdo salarial que implican cambios legales y la participación del Ejecutivo. Además, el presidente, según los sindicatos, habría emplazado a las dos partes a negociar ya un nuevo Estatuto de los Trabajadores aunque con un amplio margen temporal, ya que el propio Sánchez, siempre de acuerdo con la versión sindical, vería difícil que este texto estuviera listo esta legislatura, que teóricamente finaliza en junio de 2020. 

Mucho más pronto tendrían que comenzar a verse resultados sobre los puntos que los agentes sociales han señalado en el anexo del acuerdo salarial. Uno de estos sería la petición al Gobierno de que remueva los obstáculos legales para que ese pacto pueda aplicarse a las empresas subcontratistas del Estado. Esto ya fue advertido por CEOE el día que aprobaron el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva en su junta directiva. Los sindicatos han recogido el guante y lo han lanzado en la mesa en Moncloa.

"Hay un montón de empresas que licitan con la administración pública cuyos incrementos salariales están mediatizados por la ley que hace los salarios solo puedan subir en los mismos términos que el BOE recoge para el personal de la función pública. Por tanto, necesitamos salir de ese constreñimiento para que este esquema de subida salarial de los salarios más bajos pueda tener un recorrido", ha reclamado Unai Sordo al Gobierno.