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Los diputados, indignados por el veto del BCE a que declare un inspector clave en la caída del Popular

Ignacio Pardo apenas aporta datos sobre el papel de la supervisión a lo largo de la crisis de la entidad liquidada

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, esta semana pasada en Madrid.
La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, esta semana pasada en Madrid.

La relación de la Comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso con las instituciones europeas va de mal en peor. Tras las agrias quejas de los diputados por las evasivas de Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) ante esta Comisión hace meses, y las negativas de ese organismo a facilitar datos sobre el Popular, este martes ha llegado el veto a las declaraciones de un inspector clave por parte del Banco Central Europeo (BCE). 

Las expectativas sobre las explicaciones de Ignacio Pardo Cuerdo eran muy elevadas. Estuvo dos años y medio en el equipo de seguimiento del Popular, desde el final de 2008 al principio de 2011, bajo el mandato del Banco de España y desde noviembre de 2014 a febrero de 2017 siguiendo el Popular desde el Mecanismo Único de Supervisión del BCE. El supervisor español le liberó de todas las restricciones para que explicase su actuación, pero el BCE le prohibió hablar de su papel. El resultado de esta coacción fue una declaración insulsa que provocó que todos los partidos se quejaran por su falta de colaboración con la Comisión. El BCE pidió que se enviaran las preguntas por escrito para que el organismo las respondiera.

La presidenta de la comisión, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha explicado que el Banco Central Europeo comunicó que "en línea también de otras autoridades europeas, no autoriza al señor Pardo a efectuar declaraciones respecto de su trabajo en dicho organismo". Oramas expresó su deseo de que la propia Cámara pueda instar a las instituciones comunitarias a colaborar con los parlamentos de los Estados miembros durante las conclusiones que redacte, una vez finalice la comisión sus trabajos.

Momentos de tensión

La comparecencia de Ignacio Pardo vivió momentos de tensión después de que Alberto Montero, de Unidos Podemos, y Joan Capdevila, de Esquerra Republicana, sugirieran que el inspector se estaba ganando algún ascenso en el BCE con sus declaraciones vacías. "Es usted un perfecto burócrata europeo", le espetó Capdevila. Pardo respondió que no iba a hacer ningún comentario sobre estas insinuaciones.

El otro momento de tirantez llegó cuando Pardo dijo que no era relevante ofrecer los nombres de los responsables de la supervisión del Popular, entre ellos el del jefe que le apartó del equipo que seguía al banco. Oramas le interrumpió con firmeza para recordarle que estaba liberado de restricciones y que si los diputados le pedían estos nombres debía darlos "porque esto es una Comisión de investigación". Pardo ofreció los nombres requeridos y añadió que dejó de inspeccionar el Popular porque su jefe fue trasladado a otra entidad y le pidió que le acompañara. “No tuve desavenencias con los informes sobre el Popular”, afirmó Pardo.

En cuanto a las cuestiones sobre las que declaró, Pardo explicó que el problema del Popular se gestó entre 2000 y 2007, cuando el riesgo inmobiliario de la banca se multiplicó por nueve "y el Popular llegó a tener el 36% de su balance en el sector promotor y constructor. Se le dijo que lo rebajara y lo redujo al 25%, pero el problema ya no podía desaparecer. Lo intentó, pero era demasiado tarde", aclaró.

De forma velada, el inspector explicó por qué fue tan atractivo el ladrillo para el Popular. Al final del atracón, en 2007, recordó que el Popular registró su máxima capitalización bursátil, de más de 19.000 millones, además de sus mayores beneficios y dividendos, ya que repartió entre sus accionistas unos 600 millones de euros. Pero, a cambio, se convirtió en un banco con problemas estructurales, "por su elevado volumen de activos problemáticos, bajos niveles de cobertura y de rentabilidad, que ponía en peligro su solvencia futura".

Respecto a si murió el Popular por un problema de liquidez o de solvencia, dio a entender que sufrió ambos males. Antes de caer provisionó 31.000 millones "y luego el Santander tuvo que inyectarle 13.000 millones más. Está claro que su solvencia no era la correcta".

Sobre la detección de los problemas del Popular, el inspector afirmó que desde 2009 ya registraron que necesitaba más provisiones pero que este asunto lo elevaron al director general porque no era su función exigir las dotaciones.

Sobre el problema de liquidez, preguntado por si fue por las declaraciones de König o de su expresidente, Emilio Saracho, pareció atribuirlo indirectamente a este último al responsabilizarle de la política de comunicación del Popular, aunque no llegó a citarle. "Desde abril y durante meses se produjeron constantes noticias negativas, por lo que la desconfianza se fue elevando; este es un tema clave en la banca y eso llevó a la retirada masiva de depósitos. Creo que la política comunicación de una entidad es crucial y si la información no se ajusta a la realidad se trasmite con rapidez la desconfianza y afecta a los depositantes..."

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