Cuando la llamada del casero te hace temblar

La escalada de los precios ha hecho casi imposible poder crear en un hogar en un piso de alquiler. Y menos cuando los contratos son de tres años, a lo sumo cuatro. Con subidas superiores al 30% en tres años en ciudades como Madrid o Barcelona, muchos caseros deciden subir las rentas a sus inquilinos o finiquitar los contratos. Lo admiten los profesionales del sector y lo denuncian las entidades que reclaman una mayor protección del inquilino. Todos coinciden en el propósito del Gobierno de Pedro Sánchez y de Unidos Podemos de ampliar la duración de los contratos, si bien discrepan de cuál debe ser la intervención de la Administración para frenar el boom de los alquileres.

Los intermediarios admiten ampliar los plazos, pero no los precios máximos

La última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que salió adelante con los votos del PP, redujo el tiempo de permanencia de los inquilinos de cinco a tres años y de tres a uno la renovación automática que se producía si ninguna de las partes decía lo contrario. La intención era dinamizar el mercado. Pero el incremento de los precios y el vencimiento este mes de los últimos contratos firmados con la antigua LAU ha dejado a miles de inquilinos con la advertencia de una sustanciosa subida en su recibo o de tener que cambiar de casa.

En el inmueble en el que residen Alpha Mikelinas, de 36 años, y Fran Ortega, de 33, cuatro vecinos han recibido un burofax en las últimas semanas. “A uno le pedían un 40% más. Al resto ni nos daban la opción de quedarnos”, lamenta Mikelinas. Viven en el número 92 de la calle de Floridablanca, en el barrio barcelonés de Sant Antoni. Llegaron en 2010, cuando todavía no era la zona de moda en la que se ha convertido. Mikelinas cuenta cómo tuvieron que prácticamente reformar todo el piso y luego convivir con problemas de tuberías e incluso con la amenaza de las termitas.

Cuando venció el contrato en 2015, les hicieron otro por tres años con una subida del alquiler. Hoy pagan 855 euros por la vivienda, de unos 90 metros cuadrados. El último inquilino que llegó al edificio abona ya 1.300. Ambos son técnicos de iluminación y pueden afrontar una subida de la renta actual, pero los propietarios, la familia Fradera Bes, no les da opción. Este diario trató de recabar, sin éxito, la versión de los representantes de los dueños. Pese al burofax, están decididos a quedarse en el piso. “Solo quiero un sitio para vivir, cumpliendo un contrato y unas condiciones”, afirma.

La inquietud que dice pasar esta pareja hace tiempo que es habitual. A solo unos números, en el 101 de la misma calle, los vecinos del edificio recibieron varios burofaxes reclamándoles hasta un 50% más de lo que abonan ahora. “Estamos viendo cómo se está expulsando de sus casas a gente de clase media, familias que pagan rentas de 1.500 euros”, explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos. La entidad propone ampliar los contratos a periodos de seis años en el caso de pequeños caseros y doce para grandes dueños de viviendas.

Los abogados de Barcelona piden diez años para un domicilio habitual

Los agentes de la propiedad inmobiliaria están de acuerdo en ampliar el plazo del contrato tal y como lo plantea el PSOE. “En grandes ciudades hemos visto cómo a muchas familias no les han renovado el contrato, en ocasiones por el empuje de los alquileres turísticos. Aquí veo justificado proteger al inquilino volviendo a la fórmula anterior a la última reforma”, asegura Diego Galiano, presidente del Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API).

En ese diagnóstico coinciden otros colectivos profesionales. El Colegio de la Abogacía de Barcelona ha elaborado un documento de propuestas para reformar la LAU. Este contempla una duración mínima del contrato de seis años con una prórroga de cuatro. “Con los tres años y uno más en caso de acuerdo se pretendía dar flexibilidad y estabilidad. Pero esto último no solo no ha sucedido, sino que la subida de los alquileres nos ha llevado a la situación contraria. Creemos que con periodos de diez años sí podemos hacer del alquiler una fórmula para tener un domicilio habitual”, sostiene Cristina Vallejo, diputada de la junta de gobierno del colegio.

El otro gran debate es cómo frenar la escalada de precios. El PSOE piensa en desgravaciones fiscales —sujetas a las posibilidades presupuestarias—, mientras que Unidos Podemos opta en su proyecto de ley por la propuesta que lanzó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de limitar los precios por la zona y las características del piso. “Eso nunca, rompería las reglas del mercado. Yo optaría por las deducciones”, dice rotundo el presidente del Colegio de API. El Colegio de Abogados propone reducciones en el IRPF del 100% para caseros con inquilinos cuyas rentas oscilen entre los 17.797,20 y 30.000 euros y tributar solo por los meses que se han percibido. Ahí, el Sindicato de Inquilinos se queda con la opción de fijar topes. “París lo ha hecho y ha demostrado que no se ha reducido el parque de alquiler”, asevera Palomera.