El juez rechaza procesar “de momento” a Rato por cobrar comisiones de contratos de publicidad de Bankia

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha rechazado "por el momento" procesar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato únicamente por las presuntas comisiones de 835.000 euros recibidas por publicidad de Bankia, al entender que estas están "íntimamente" relacionadas con otros delitos investigados. El magistrado descarta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de procesar al expolítico, dados los vínculos de estas pesquisas con el supuesto fraude fiscal y el blanqueo de capitales objetos de seguimiento en las distintas piezas separadas de las que se compone el caso, explica la agencia Efe.

 La Fiscalía Anticorrupción había pedido el procesamiento de Rato y otras 15 personas por un presunto delito de corrupción entre particulares derivado del cobro de comisiones a agencias de publicidad contratadas por Bankia durante su mandato. Según las conclusiones del Ministerio Público, remitidas al juez, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) supuestamente escondió 835.024 euros mediante una estructura opaca y creó un "auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera" para delinquir.

En un escrito de cuatro páginas fechado el pasado 4 de junio y adelantado por El Confidencial, la fiscal Elena Lorente describe cómo Rato colocó en Bankia a varios colaboradores para hacerse con "el control absoluto de todo lo relacionado con la publicidad y comunicación en el banco". Todos ellos, formaron un "núcleo duro a las órdenes y en beneficio" del exvicepresidente del Gobierno.

En ese mismo documento, el Ministerio Público pide al magistrado Antonio Serrano-Arnal que continúe con el trámite de procedimiento abreviado  —paso previo a la apertura de juicio oral— de esta causa separada de la investigación sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato. En concreto, la causa se centra en los contratos de publicidad de Caja Madrid-Bankia para difundir la marca y su salida a Bolsa firmados entre 2010 y 2011 y de los que, según la fiscal, Rato supuestamente cobró "comisiones carentes de justificación" a través de su sociedad Kradonara.

Según el relato del fiscal, Rato utilizó para obtener comisiones a "íntimos colaboradores" como Miguel Ángel Montero, a quien introdujo en la entidad como asesor externo; a su secretaria personal Teresa Arellano, "a la que dio altas funciones ejecutivas dentro de la entidad financiera"; y su amigo y "hombre de confianza" José Manuel Fernández Norniella, entonces vicepresidente y consejero de Bankia. "Todos ellos constituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato", considera la fiscal.

Las comisiones fueron ingresadas por Kradonara "enmascaradas como una prestación de servicios financieros" y sumaron 474.000 euros en el ejercicio de 2010, y 360.608 en 2011. Según la fiscal, durante la instrucción se han encontrado indicios de que empresas como Publicis y Zenith, adjudicatarias de los contratos de publicidad, "eran conocedoras de la finalidad irregular de la comisiones" que se abonaron a la empresa Albisa, gestionada por Alberto Portuondo Coll, que formaba parte del equipo introducido por Rato a su llegada a Caja Madrid en enero de 2010 y que, según la fiscal "tuvo participación activa" en el proceso de selección en los concursos de publicidad para Bankia.

El avance de las diferentes investigaciones judiciales que aún tiene abiertas cerca todavía más al exvicepresidente del Gobierno. Además de esta última petición de la Fiscalía por el supuesto cobro de comisiones irregulares a agencias de publicidad, Rato ya ha sido condenado a cuatro años de cárcel por las tarjetas black y el próximo 26 de noviembre se sentará de nuevo en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusado esta vez de estafa a inversores y falsedad en las cuentas por la salida a Bolsa de Bankia. Por esta última causa, el Ministerio Público pide que se le sentencie a cinco años de cárcel.