El Banco de España elevará el control sobre las nuevas financieras tecnológicas

Los bancos tradicionales han elevado su queja al más alto nivel para expresar su malestar por la mayor facilidad que, dicen, tienen los nuevos competidores tecnológicos financieros. Algunos de ellos no utilizan la forma de banco —por lo que no tienen el mismo nivel de exigencias en capital y regulación— pero ofrecen productos financieros en diferentes nichos.

El subgobernador, que ayer clausuró el taller La revolución Fintech organizado en Madrid por Garrigues e IEAF-FEF, recogió el guante y dijo: “No puedo dejar de mencionar la sistemática petición de las entidades de un “diálogo intenso” con las autoridades para redefinir el marco regulatorio, al entender que no se encuentran en igualdad de condiciones para competir con las nuevas empresas”.

Alonso recordó que los bancos plantean la necesidad de crear espacios de prueba, “o, si lo prefieren, sandboxes que, en todo caso, serían aplicables a las iniciativas que aporten mejoras a la sociedad y no sólo ganancias al emprendedor a costa de mayores riesgos”.

Los nuevos competidores

A continuación, mencionó que “están surgiendo nuevos proveedores de servicios que, en algunos casos, compiten con la banca tradicional en nichos de mercado y, en otros casos, ofrecen productos financieros novedosos”. Ante este nuevo panorama, añadió que “es probable que estos cambios hagan conveniente una revisión del cuerpo normativo, para determinar si son necesarias reformas en aspectos tan esenciales como los requisitos de información que los nuevos participantes deban suministrar a las autoridades o la intensidad supervisora en aspectos relacionados con la seguridad, la protección de datos o la protección al consumidor”.

Por otro lado, admitió que el Banco de España ha identificado una veintena de iniciativas de initial coin offerings u ofertas iniciales de criptomonedas (ICO, por sus siglas en inglés) que operan en España desde Suiza, Singapur, Estonia y Gibraltar de la mano de promotores españoles. Javier Alonso explicó que en España la mayor parte de la actividad de criptoactivos se realiza a través de proveedores situados en el extranjero.

Alonso explicó que aumentar la transparencia y la trazabilidad de la operativa de criptoactivos es el primer paso de una estrategia “más ambiciosa” que aspire a “evaluar con más precisión” los posibles riesgos, “sin descartar en última instancia que se produzcan cambios normativos que den respuesta a las vulnerabilidades detectadas, eliminen las oportunidades para el arbitraje y provean un fundamento sólido para el desarrollo de una industria compatible con la existencia de un sistema financiero global seguro”.

Según dijo, la respuesta a este reto no está en buscar planteamientos “rupturistas”, sino en identificar los paralelismos existentes con otros instrumentos financieros y aplicar los principios rectores de la regulación internacional donde no sea posible.