Fomento reactiva una gran operación urbanística en A Coruña para pagar un megapuerto iniciado en 2005

Al Puerto de A Coruña la burbuja inmobiliaria le estalló en las manos. La crisis reventó cuando este organismo público pretendía subastar entre promotoras 465.000 metros cuadrados de sus muelles en pleno centro coruñés para pagar la construcción de un puerto exterior que exigía una enorme inversión por estar emplazado en punta Langosteira, uno de los puntos más batidos de la costa gallega. La operación urbanística naufragó, la obra presupuestada en 429 millones de euros se tragó más de 750 millones desde su arranque en 2005 y la Autoridad Portuaria vive hoy en día asfixiada financieramente por los créditos que suscribió. El Ministerio de Fomento y la Xunta se han unido para reactivar casi 15 años después aquella venta de suelo para intentar que el Puerto coruñés pueda cumplir con sus acreedores.

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La desafectación y urbanización de los muelles del centro de A Coruña se impulsó cuando Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo eran vicepresidentes de José María Aznar y Manuel Fraga, respectivamente. El plan urbanístico inicial fue pactado en 2004 y en él estamparon su firma Francisco Álvarez Cascos como ministro de Aznar, Feijóo y el alcalde socialista Francisco Vázquez. Detallaba que los algo más de 88.000 metros cuadrados de los muelles más céntricos, los de Batería y Calvo Sotelo, se destinarían a edificios públicos, hoteles y centros comerciales, mientras que los 377.000 metros cuadrados del muelle de San Diego, también en una zona de gran valor urbanístico, se dedicarían a viviendas y locales comerciales.

Tras la férrea oposición manifestada por el actual gobierno local de Marea Atlántica a esta privatización masiva de terrenos públicos, secundada por PSOE y BNG, el actual ministro, Íñigo de la Serna, y Feijóo como presidente de la Xunta han desvelado algunos cambios en sus intenciones. Con la firma este miércoles de un protocolo que no han facilitado a los medios asistentes al acto, ambos políticos dicen haberse comprometido a que los muelles de Batería y Calvo Sotelo mantengan la titularidad pública con la aportación por parte del Gobierno gallego de “un máximo de 20 millones de euros”. Esos fondos son, según Fomento, imprescindibles para no tener que privatizar ese suelo y convertirían a la Administración autonómica en copropietaria al 51% de esta zona. “Lo que hemos firmado no es usual en el sistema portuario español”, ha subrayado De la Serna. “Nunca una comunidad autónoma había decidido hacer una aportación para mantener la titularidad pública de un espacio portuario”.

Lo que sí sigue adelante es la parte del plan de 2004 de vender a promotoras privadas el muelle más grande, el de San Diego, que quedará liberado de concesiones en 2027, cuando caduque la que tiene Repsol para surtir a su refinería coruñesa. El objetivo, según el plan de empresa del Puerto, es recaudar más de 175 millones levantando una gran área residencial. El Gobierno gallego también espera poder comprarle a la Autoridad Portuaria algo de suelo en esa zona con el dinero que le sobre de los 20 millones comprometidos para las dársenas de Batería y Calvo Sotelo.

El Gobierno central y la Xunta han dejado fuera del documento firmado este miércoles al Ayuntamiento de A Coruña, la Administración con competencias para recalificar el suelo. Lo han hecho además al día siguiente de que el gobierno municipal presentara el programa de un foro de expertos, colectivos sociales, vecinos y empresarios que debatirán a finales de este mes el futuro de estos terrenos portuarios que conforman la fachada marítima de la ciudad. “No es de buen gusto”, ha lamentado el alcalde coruñés, Xulio Ferreiro. “Una vez más se intenta diseñar A Coruña sin contar con A Coruña”.

Feijóo ha invitado a la institución local y a la Diputación de A Coruña, otro organismo no gobernado por el PP sino por PSOE y BNG, a aportar también dinero a la Autoridad Portuaria para rebajar el porcentaje de suelo que aún quedaría en manos de la endeudada entidad y participar en la propiedad de los terrenos que sigan siendo públicos. “Tendré que ver la propuesta cuando se presente por escrito y cuando veamos los documentos. Sin ellos es difícil hacer una valoración con seriedad”, ha respondido Ferreiro.

La amenaza de las deudas

El horizonte financiero de la Autoridad Portuaria es asfixiante. Arrastra todavía una deuda de unos 310 millones de euros por los préstamos que sucribió para pagar el puerto exterior, uno con el Banco Europeo de Inversiones (130 millones) y otro con Puertos del Estado (200 millones). Su cifra de negocio fue de 30 millones en 2017, de los cuales solo seis los aporta la actividad de esa infraestructura. Las cuotas de pago de esos créditos engordarán mucho en los próximos años y de 2021 en adelante oscilarán entre los siete y los 15 millones de euros. Y mientras, la dársena de Langosteira sigue absorbiendo dinero: Fomento está pendiente de gastar otros 24 millones para ampliar el muelle principal, donde no caben más de tres buques.

El presidente del Puerto de A Coruña, Enrique Losada, ha admitido este miércoles la “desproporción” entre los recursos que ha precisado la dársena exterior y los fondos de los que dispone la entidad que dirige, pero sostiene que ahora el frente de instituciones gobernadas por el PP busca una “solución real alejada de planteamientos utópicos”. El puerto de Langosteira, que funciona desde 2012 sin conexión ferroviaria (Fomento se compromete a licitarla en 2019 por 140 millones) ni poliducto para el tráfico de hidrocarburos, “ha superado con creces las previsiones de crecimiento”, asegura Losada. “La política de hechos no se dedica a decir lo que podría haber sido” sino a “gestionar la realidad”, ha esgrimido Feijóo sobre el accidentado proyecto.