Luchar contra la pobreza con el salario mínimo

“Un compañero siempre comenta que podemos ser usuarios de Cruz Roja [además de empleados] para así poder pagar la luz”. El humor negro de un delegado sindical de UGT para esta ONG resta dramatismo a los sueldos de 764 euros brutos que perciben algunos de sus 11.808 trabajadores. Pero la ironía revela una realidad sepultada por las grandes cifras de la mayor organización sin ánimo de lucro del país: 600 millones de presupuesto anual, 1.300.000 socios y 200.000 voluntarios. El dilema es claro: ¿Es lícito apelar a la moral de los ciudadanos para captarlos como socios mientras se pagan bajos salarios?

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Las ONG emplean en España a 645.000 personas que trabajan para luchar por un mundo más justo, el medioambiente y las víctimas de la pobreza y la violencia. Pero cuando en plena crisis el Gobierno y las comunidades redujeron drásticamente sus fondos para el denominado Tercer Sector, que representa el 1,5% del PIB con 14.470 millones en ingresos, algunas de sus 30.000 organizaciones congelaron e incluso redujeron los salarios de sus plantillas. Y hoy estos trabajadores no han notado la recuperación. Muchos, incluido el sindicalista antes citado que exige anonimato, tienen miedo a represalias si dan su nombre, aunque algunos se atreven.

Porque al margen de los 3,7 millones de voluntarios que dedican su tiempo libre al altruismo, este ejército de profesionales, desde abogados hasta directores de márketing, pasando por conductores y enfermeros, son asalariados que componen la estructura de las ONG. Y su jornada laboral, completa o parcial, sirve para paliar las injusticias. Atender a los 22.419 inmigrantes que llegaron en pateras en 2017, por ejemplo.

La precariedad laboral afecta a un sector ampliamente feminizado (el 78% de los trabajadores son mujeres), de empleados con estudios universitarios (el 71%) y jóvenes (el 40% menor de 35 años). Sin embargo, mientras que las empresas buscan el máximo beneficio aunque cubran necesidades sociales externalizadas por el Gobierno, las ONG deben lograr ser sostenibles y equilibrar sus inversiones en función de sus ingresos, sin accionistas detrás que reclamen sus beneficios. De ahí que la metamorfosis y ajustes de algunas de ellas en el último lustro sean más llamativas.

“La precariedad está latente y es un sector bastante deteriorado al que se le pide un punto de voluntarismo y gran dosis de motivación personal, lo que se utiliza para explotar desde contratos inestables a horas extra no remuneradas. El gran conflicto es que muchas organizaciones defienden derechos humanos, entre los que se incluyen los derechos laborales”, admite un gestor de diferentes ONG, que pide no ser identificado. Y con tono amargo, explica: “Es una lógica perversa en la que compites por reducir precios y quedarte con servicios que el Estado ha externalizado a costa de los salarios”.

Con una tasa de temporalidad que alcanza el 34%, los sueldos reducidos han calado en las ONG a pesar de que existen cinco convenios estatales que deberían garantizar nóminas dignas. ¿La razón? La reforma laboral que el Gobierno aprobó en 2012 permite que prevalezca un convenio de empresa sobre el estatal del sector, y los empresarios han aprovechado para exprimir los salarios al máximo y mantener las inversiones. También las ONG, aunque así se generen más familias necesitadas y un círculo vicioso.

Los captadores, al final de la pirámide

Al final de la pirámide de sueldos precarios en el Tercer Sector están los captadores, esos trabajadores veinteañeros que en las calles peatonales de las ciudades reclutan nuevos socios para las ONG. Su jornada laboral son cuatro horas diarias a cambio de un sueldo que fluctúa en función de los nuevos miembros que convenzan, entre los 400 y los 950 euros.

Desde que arrecia el viento de la precariedad, la media de edad ha subido y cada vez hay más treintañeros, coinciden varios captadores. El escollo fundamental de estos captadores es la cláusula que les obliga a un mínimo de contratos —entre 18 y 25 al mes—, y que en caso de incumplir puede derivar en su despido.

Ángela Serantes es responsable de Juventud en CC OO Galicia, sindicato que denunció en los tribunales el suelo impuesto de captar 24 socios al mes. “La presión es constante. Te inculcan el discurso de que vas a salvar vidas parando a la gente y haciéndoles socios”. Serantes trabajó durante cuatro años para Médicos sin Fronteras hasta que entró en el comité de empresa como delegada sindical y dos meses después fue despedida por no llegar al mínimo de socios captados. La ONG responde: “Cuando hay extinciones de contratos no se toma nunca en cuenta la condición sindical de los trabajadores implicados”.

La organización, que ofrece los mejores salarios del mercado a sus captadores propios (el 75% del total) con 938 euros por 20 horas, insiste en que la cláusula en cuestión, que exige un mínimo de 24 contratos al mes, “no es abusiva y está dentro de un marco totalmente legal”. Los tribunales han dado la razón a Médicos sin Fronteras y dos sindicatos han recurrido en segunda instancia.

Fernando Morón preside la Asociación Española de Fundraising, que aglutina a 120 empresas captadoras y a las ONG que delegan en ellas esta ardua misión para recibir nuevos fondos privados. “Las ONG no son pozos sin fondo. Todo lo que tiene que ver con rentabilidad suena mal, pero es necesario. Porque si no invierten en obtención de recursos, no tienen recursos. No podemos criminalizar lo que tiene que ver con ONG e inversión”, alega.

Mientras, José Luis Rodríguez, del área de acción sindical de CC OO, denuncia: “Las condiciones son salvajes y el trabajador, siguiendo las indicaciones de la entidad, depende de un tercero y del factor suerte. Trabajan para ONG con altas normas de ética y que se precian de un discurso preñado de buenismo, que luego desprecian cuando despiden por no alcanzar unos objetivos”.

Cruz Roja Española por ejemplo aplica hasta 60 convenios laborales diferentes, más de uno por provincia, por lo que abona sueldos dispares para los mismos puestos de trabajo. En Teruel una limpiadora de esta organización cobra 765 euros brutos por 36 horas, un auxiliar de transporte 796 euros y un auxiliar de enfermería 824 euros, y eso que en enero los salarios subieron un 2,5% después de años congelados. El convenio colectivo para los 60 trabajadores en esa provincia caducó en 2008. En Alicante (500 empleados) hay operadoras de telemárketing de Cruz Roja que cobran 500 euros porque su contrato es de media jornada.

José Luis Pascual, director de Recursos Humanos de Cruz Roja Española, defiende que sigue la lógica del mercado: “No estamos inventando los salarios bajos, es una realidad. ¿Habría que cambiarla? Posiblemente”. ¿Es posible vivir de manera digna con un sueldo de 800 euros? Silencio. “Resultaría muy difícil poder resolver los aspectos necesarios para vivir (…). No estoy de acuerdo con que desatendamos los derechos laborales. En muchos casos nuestros salarios mejoran las condiciones del sector”, arguye, ya que estima que la mayoría de sus 60 convenios superan al estatal. El que posee mejores condiciones laborales es, con diferencia, la sede central que aglutina a los directivos, con un tope salarial de 44.568 euros.

Mientras, un auxiliar de oficios en Aldeas Infantiles cobra 735 euros, tal y como refleja su convenio colectivo: SMI (Salario Mínimo Interprofesional). “Solo tenemos a cinco personas en esa categoría y durante un máximo de dos años”, alega su director de Recursos Humanos, Luis Alberto Ramasco. Esta ONG dispone de 45 millones de presupuesto anual y 1.100 personas contratadas.

La Plataforma del Tercer Sector, que aúna a las ONG, lamenta la escasa sensibilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy y las Comunidades Autónomas, que a pesar de la recuperación económica han reducido un 23% su aportación a la acción social desde 2016, según sus cifras. Las personas necesitadas ascienden a siete millones.

“A nosotros no nos ha llegado la remontada de la crisis. Por si fuera poco, la financiación privada ha caído un 11% el último año. El Estado rescató a la banca pero no a las personas”, censura su presidente, Luciano Poyato, sobre la absorción de las cajas de ahorro por los bancos, que ha supuesto la desaparición de numerosas obras sociales. Sobre los bajos sueldos, admite: “¿Puede haber una contradicción? No te digo que no. Pero no nos consideramos generadores de pobreza. El sector vive como puede”.

A los bajos salarios se le suma la dispersión organizativa de las 30.000 ONG que componen el Tercer Sector, ya que el 54% tienen menos de 10 trabajadores y el 30% entre 10 y 49 trabajadores.

El debate de fondo es si el Estado actúa de manera correcta al externalizar tantos servicios para combatir la violencia machista o la exclusión social. El Gobierno aprobó en 2015 la Ley del Tercer Sector y mantiene una Comisión para el Diálogo Civil que se reúne cada trimestre, pero dos años y medio después, la ley sigue en pañales sin desarrollo normativo. El Ministerio de Sanidad ha rechazado opinar para este reportaje.

La precariedad que sufren los trabajadores del Tercer Sector no se traduce solo en los bajos salarios. “Es una filosofía de ausencia de cuidados a personas que atienden a víctimas como refugiados o prostitutas”, resume el citado gestor de varias ONG. Esa desatención por los empleados incluye, afirma, dificultar la creación del comité de empresa, ignorar sus jornadas de descanso necesarias debido a los recortes de plantillas, situaciones críticas de muchas horas trabajadas con cambios constantes diurnos y nocturnos, falta de reconocimiento de la peligrosidad al tratar por ejemplo con jóvenes tutelados, nulo respeto a las reacciones emocionales…

La educadora social Sara Fernández da un ejemplo: “Tengo una amiga a la que han obligado a impartir un taller sobre violencia de género el 8 de marzo [día de la huelga]”, dice frustrada. Fernández trabajó por 684 euros, a cambio de un contrato de 20 horas y los domingos sin remunerar como día festivo. A través de la Asociación Centro Trama y para el Ayuntamiento de Getafe. “No me sentí esclavizada, aunque viendo el convenio de intervención social, te ves mal pagada. Pecas de ingenua”, afirma.

Otra trabajadora que pide anonimato explica un factor añadido: “Sentimos auténtica pasión por nuestro trabajo y hay una línea muy difusa entre tu trabajo, tu activismo y querer cambiar el mundo. Pero por dignidad no puedo permitir que se vulneren mis derechos laborales”. Hace años esta empleada denunció su despido a magistratura, ganó y la organización pagó la indemnización por despido improcedente. “¿Sabes cuántos socios son 16.000 euros de indemnización?”, inquiere. Ironías de la vida, esta ONG ha vuelto a contratarla como autónoma.

La Fundación Lealtad audita las cuentas de 181 ONG españolas, entre ellas las principales del sector, para “fomentar la confianza de la sociedad en las ONG, la transparencia y las buenas prácticas”, según su página web. Sin embargo, estas últimas no incluyen los derechos laborales de los trabajadores de las organizaciones auditadas.

Pero no todo son sombras. Greenpeace España, con una plantilla de 79 trabajadores, abona sueldos mejores, permite el teletrabajo un día a la semana, tiene jornada intensiva y flexibilidad horaria. “La pinza salarial es pequeña”, añade Sara del Río, miembro del comité de empresa hasta hace poco. Es decir, los sueldos de los directivos y los peones no se ubican en galaxias distintas. “Históricamente al comité se le ha permitido dialogar y la gestión del trabajo es buena. No todo es fantasía, pero hay apertura para buscar puntos de encuentro. Es un tema de comunicación, pero no solo del comité con la dirección, también de los representantes de trabajadores con la plantilla, para que esta entienda que les da fuerza”, destaca. Al otro lado de la mesa de negociación interna, Julián Carranza, director de Recursos Humanos, enfatiza que Greenpeace potencia las medidas de conciliación, incluido el permiso de maternidad ampliado.

En esta línea, Diana Ruano, responsable del equipo internacional de fidelización de donantes para ACNUR Internacional, aboga desde Dinamarca por dignificar los salarios desde espacios alternativos como las charlas Ted.

En el extremo opuesto, en 2015, 11 psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales que trabajaban con víctimas de la violencia machista para la Asociación Centro Trama dijeron basta en una tensa negociación para sustituir el convenio laboral propio de la ONG por el recién aprobado estatal de intervención social y así mejorar sus condiciones. “Nos planteamos irnos todas juntas porque no podíamos renunciar para así dar ejemplo, trabajamos con las mujeres para empoderarlas y que luchen por sus derechos. Ganamos el pulso, pero fue muy duro y ha habido represalias [por parte de la ONG]”, relata una de ellas. De las 11 empleadas, siete no soportaron la presión y han abandonado la organización por la “violencia laboral” ejercida, denuncia esta trabajadora. De las cuatro supervivientes, otra está de baja por ansiedad y la ONG aún no ha cubierto su plaza dos meses después.

El presidente de Trama (más de 300 empleados), Enrique Rivas, achaca las numerosas denuncias en los juzgados a “desavenencias habituales con la plantilla” y niega que haya tomado medidas contra las profesionales que decidieron plantear batalla. “Si mejoráramos el convenio estatal incurriríamos en déficit presupuestario”, alega sobre sus bajos salarios.

Mientras, los sindicatos son pesimistas sobre una mejora en las condiciones laborales. José Luis Rodríguez, del área de acción sindical de CC OO, critica que los proyectos de las ONG, que cuentan con financiación pública, deberían garantizar salarios y condiciones dignas. “Hay mucha gente que no llega a los 1.000 euros. Las tablas salariales son bajas bajas a pesar de la gran carga de trabajo”. Pilar Mármol, de UGT, añade: “Muchas ONG no se comportan como tales, son empresas puras y duras. Y entre ellas, en una licitación, son como buitres, van a la baja y siempre tenemos que vigilar que no se descuelguen del convenio”, censura.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado viernes, premia la aplicación de criterios sociales y medioambientales para el desempate entre dos o más ofertas. Además, promueve la aplicación del convenio colectivo sectorial sobre el convenio de empresa y prohíbe contratar con empresas de más de 250 trabajadores sin plan de igualdad. Está por ver su impacto para reducir la precariedad.

Borja Fernández, presidente de la patronal OEIS (Asociación de Organizaciones de Acción e Intervención Social), que agrupa a 23 ONG que combaten la pobreza con 21.000 empleados, plantea: “Tenemos que tener en cuenta el ámbito de las subvenciones públicas para compatibilizar la atención a las personas con la mejor situación de nuestros trabajadores. No siempre se puede, pero se intenta”. Y añade: “¿Existen prácticas abusivas? Sí. ¿Contribuye el convenio colectivo a reducirlas? Sí. Estamos en un término medio, no creo que fomentemos la precariedad”.

La precariedad laboral en las ONG, cuya clasificación por tamaño de plantilla encabeza Cruz Roja seguida de Cáritas y Fundación ONCE, ha sido tradicionalmente tabú entre sus víctimas. “Es muy doloroso porque trabajamos por los derechos humanos. Y su lema es muy potente, y lo hacen contra ti, es esquizofrénico. Nos cuesta reponernos porque no comprendes la lógica de recursos humanos de las ONG. Te frustras porque hay un silencio unánime, tocarlo es un melón considerable en un sector puro y transparente. Todo legal, pero todo inmoral. La gente no quiere creer que eso esté pasando”.