Por qué digo sí a algunas quitas en las comunidades

En relación con la restructuración de la deuda de las comunidades autónomas, hace unos días mi colega Santiago Lago escribía en el EL PAÍS que “las deudas hay que pagarlas, ya que perdonarlas genera incentivos perversos a repetir irresponsablemente en el futuro y agravios comparativos contra quienes optaron por no endeudarse o hacerlo menos”.

Su primer argumento es el tantas veces invocado riesgo moral. Es cierto que si el origen del endeudamiento es un exceso de gasto, una quita genera el incentivo perverso de volver a incurrir en el futuro en más gasto, ya que el deudor sabe que lo pueden volver a rescatar perdonándole la deuda. Pero el argumento del riesgo moral no se aplica cuando el origen del endeudamiento es una insuficiencia de ingresos y no un gasto superior a la media. Y este es el caso de aquellas comunidades autónomas que han tenido que endeudarse para poder ofrecer a sus ciudadanos unos servicios públicos básicos como consecuencia de disponer de una financiación per cápita por debajo de la media, y todo ello a pesar de presentar un gasto por habitante también inferior a esa media. Es esta infrafinanciación derivada de los sucesivos modelos de financiación autonómica la que da lugar al concepto de deuda histórica de algunas autonomías.

En relación con el segundo argumento, ¿no es acaso un agravio comparativo recibir una financiación per cápita por debajo de la media y mantener esta situación durante años en los sucesivos modelos de financiación autonómica? Sería un agravio comparativo y una injusticia perdonar deudas de comunidades autónomas que han disfrutado de unos ingresos por habitante superior a la media, pero es igual de injusto no perdonar deuda en comunidades que se han apretado el cinturón en forma de un gasto per cápita por debajo de la media y, a pesar de ese sacrificio, han aumentado su deuda por culpa de la infrafinanciación.

Prosigue Santiago Lago que las quitas no son estrictamente necesarias, ya que “hoy la deuda no es una losa insoportable para ninguna comunidad”. Siento discrepar de nuevo viendo indicadores como la ratio deuda/PIB o deuda/ingresos corrientes no financieros de algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, utilizando este último indicador de capacidad de pago, muchas comunidades presentan ratios muy por encima de los niveles que manejan las agencias de rating para que una autonomía pueda acceder al mercado a financiarse.

Sin una quita, es muy difícil situar la ratio en un nivel compatible con el regreso al mercado, que es uno de los objetivos que se persigue para que las comunidades puedan desprenderse de la respiración asistida de los fondos extraordinarios de liquidez (como el FLA). Es cierto, como dice el profesor Lago, que gracias a unos tipos de interés extraordinariamente reducidos la carga de la deuda es más llevadera, pero es importante no olvidar que la situación va a cambiar conforme el BCE retire sus estímulos monetarios a finales de este año.

Tampoco estoy de acuerdo con mi estimado colega cuando afirma que hay que evitar quitas “porque plantearía un problema con las autoridades comunitarias y con los analistas internacionales”. En el primer caso, otros autores invocan que una quita vulneraría la disciplina fiscal. Entiendo que la Comisión Europea prohíba rescates que planteen un problema de riesgo moral, pero espero que sea comprensiva cuando la quita no presente ese problema.

En el segundo, una quita no implica que los acreedores privados no vayan a cobrar, ya que es el Estado quien asume la titularidad de la deuda. La ratio deuda/PIB de España seguirá siendo la misma, por lo que no afecta a la sostenibilidad de la deuda. Es más, hay agencias de rating que recomiendan la asunción por el Estado de parte de la deuda generada por desequilibrios pasados.

Hay otro motivo que justifica que la reestructuración de la deuda autonómica tenga la forma de quita, aunque delimitada exclusivamente al endeudamiento cuyo origen es exclusivamente la infrafinanciación, y jamás al exceso de gasto. Si no se condona la deuda histórica, las generaciones futuras de las regiones que han padecido la infrafinanciación tendrán que pagar más impuestos o soportar un peor estado de bienestar debido a modelos de financiación que han sido poco equitativos, por lo que no se repara la injusticia.

En lo que estoy completamente de acuerdo con Santiago Lago es que existen situaciones y claras de infrafinanciación que hay que corregir, de ahí la necesidad de aprobar con urgencia un nuevo modelo de financiación. Pero será condición necesaria pero no suficiente para reparar por completo las injusticias del pasado y para que algunas comunidades puedan regresar al mercado a un coste razonable. Por otro lado, seguro que estamos de acuerdo en que una quita sin reforma del sistema de financiación no soluciona el problema de endeudamiento de algunas comunidades autónomas.

En resumen, es muy importante tener en cuenta las circunstancias que explican las diferencias de endeudamiento de las comunidades autónomas. Y en aquellos casos que se den dos circunstancias (infrafinanciación y un gasto per cápita por debajo de la media), es razonable que la reestructuración tenga la forma de quita, sin que ello implique un problema de riesgo moral.

Joaquín Maudos. Catedrático de economía de la Universidad de Valencia y director adjunto del Ivie