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Hacienda apercibe a 660 alcaldes por incumplir los planes de ajuste

Los municipios requeridos se comprometieron a adoptar medidas de ahorro para acceder a liquidez en condiciones ventajosas

El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 660 alcaldes por incumplir los planes de ajuste que habían comprometido a cambio de los fondos de liquidez facilitados por el Estado central. Les exige nuevos ajustes. Hacienda ha inyectado cerca de 19.000 millones a las entidades locales desde 2012 para aliviarles las tensiones de liquidez. Para garantizar que devolverían el dinero, exigió ajustes a los alcaldes, que tenían libertad para decidir las medidas. Algunos regidores apostaron por subir el IBI o eliminar deducciones en impuestos locales; otros decidieron recortar gastos. Muchas de estas medidas nunca se aplicaron.

El patio del ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).
El patio del ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Hacienda reclama por carta a los 660 alcaldes con un plan de ajuste que no han puesto en marcha que aprueben las medidas necesarias para cumplir sus compromisos. Estos programas de ajuste, explica la misiva de cuatro folios enviada por el ministerio, fueron convalidados por los plenos municipales. Era una condición para tener acceso a liquidez que ofrecía Hacienda. Pero los alcaldes que han recibido la carta firmada por la secretaria general de Administraciones Territoriales, Belén Navarro, no han cumplido sus compromisos. Hacienda les amenaza ahora con un control adicional de la Intervención del Estado e, incluso, con aplicarles las medidas más duras de la Ley de Estabilidad, que incluye la disolución de la corporación local.

Entre los municipios afectados, 660 de casi 8.200 entidades locales de España, hay Ayuntamientos de todos los tamaños. Los más importantes son: Algeciras, Cádiz, Chiclana, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, San Fernando, Granada, Huelva, Jaén, Vélez-Málaga, Palma de Mallorca, Telde, San Cristóbal de La Laguna, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, Tarragona, Mérida, Alcalá de Henares, Alcorcón, Móstoles, Parla, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Lorca, Orihuela, Gandia y Valencia.

El Gobierno lanzó en 2012 el plan de pago a proveedores, una línea de crédito con condiciones muy favorables, para que Comunidades y Ayuntamientos pudieran liquidar las facturas que tenían en los cajones. Desde entonces, ha abierto cada año unas líneas de financiación para ayudar a los Consistorios con problemas de liquidez. Se trata de un mecanismo similar al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En los últimos cinco años, el ministerio ha inyectado casi 19.000 millones de euros a las arcas locales por esta vía.

Subir el IBI o bajar el gasto Para garantizar que los alcaldes devolvieran el dinero cuando los préstamos vayan venciendo, el ministerio les exigió un programa de saneamiento. Ante el retraso de las corporaciones municipales para poner en marcha las medidas comprometidas en estos planes, Hacienda ha enviado esas cartas a 660 alcaldes advirtiendo de que “el incumplimiento del plan de ajuste conllevará la aplicación de las medidas coercitivas de la Ley de Estabilidad”.

Los artículos 25 y 26 de esta norma, aprobada para combatir los números rojos de las Administraciones Públicas, establecen que las administraciones incumplidoras tendrán que aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos —un trámite que consiste básicamente en recortar el gasto presupuestado— para garantizar que se cumple el plan financiero. Hacienda, además, puede retener ingresos a los Ayuntamientos y, en caso de incumplimiento reiterado, sancionarles con un depósito equivalente al 0,2% del PIB municipal, y en última instancia puede intervenir la corporación municipal y disolverla.

“Con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas, las entidades locales que las hayan concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General del Estado (IGAE)”, señala la misiva a modo de advertencia.

La situación, en cualquier caso, no ha llegado a ese punto de gravedad. La gran mayoría de Ayuntamientos a los que se les ha apercibido, 526 corporaciones, tiene problemas para reducir el periodo de pago a proveedores al límite legal. Es decir, incumplen la ley de morosidad que establece que no deben tardar más de 30 días en abonar las facturas. Este plazo empieza a contar 30 días después de recibir la factura, es decir, que tardan de media más de 60 días en pagar.

Hacienda explica que los alcaldes podrán corregir sus planes de ajuste con las medidas que decidan en sus plenos municipales. Algunos Consistorios, por ejemplo, habían acordado subir el IBI con una revisión catastral equivalente al 50% del precio de mercado. Otras ciudades tendrán que eliminar algunas de las bonificaciones y exenciones de sus impuestos locales. Y otras deberán reducir algunos de sus gastos.

El ministerio explica en la carta que “realizará el seguimiento de los planes de ajuste y que en caso de que detecte riesgos de incumplimiento o incumplimientos de las medidas, propondrá su modificación con la adopción de nuevas medidas o la alteración del calendario de ejecución”. Estos programas de ajuste financiero son diferentes a los que exige Montoro a las administraciones que incumplen los objetivos de déficit o deuda, recuerdan en Hacienda.

Aviso a los interventores

El Ministerio de Hacienda también ha enviado durante las últimas semanas cartas a los interventores de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos con problemas financieros. Les ha recordado que ellos también son responsables de vigilar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y de que las administraciones territoriales cumplan con las normas de morosidad.

El objetivo de estas cartas, remitidas a los interventores en diciembre, es advertirles de que deben ser más proactivos a la hora de detectar las posibles desviaciones presupuestarias. En ese sentido, el departamento de Cristóbal Montoro pretende evitar que los desfases presupuestarios solo se detecten a final de año cuando ya no hay margen para corregir los desfases. Los interventores tienen que avisar al pleno municipal de las desviaciones, insiste Hacienda.