Subir salarios
Subir el sueldo mínimo favorece al trabajador a tiempo completo estable pero no alcanza a quien está en peor situación y sin apenas protección jurídica
La prevista subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de un 30% en el período 2016-2020, inaugura, definitivamente, una nueva política salarial de incentivos al aumento de las retribuciones de los trabajadores. Buena parte de la recuperación económica ha estado sustentada en el ajuste salarial y ahora existe cierto consenso político, pero también sindical y empresarial, en subir los salarios.
La política salarial es el resultado de complementar herramientas públicas con la negociación colectiva y los pactos individuales, que es donde se determina el precio del trabajo. El incentivo público a la subida salarial es ya evidente en el SMI; pero el alza de esta cuantía no conlleva automáticamente subidas de los salarios pactados en negociación colectiva o contrato individual. Solo afecta al reducido colectivo de trabajadores a tiempo completo que tienen de salario base convencional o contractual una cuantía inferior.
Además, el auténtico problema del SMI es que no tiene apenas efectos en los denominados "trabajadores pobres", que por la precariedad de sus contratos, por trabajar escasas horas, o por estar instalados en la economía irregular, tienen rentas anuales significativamente más reducidas que esta cuantía mínima, articulada para un trabajador a tiempo completo que trabaja todo el año. Esta herramienta política favorece a la tipología del trabajador a tiempo completo estable, pero no alcanza, en fin, a quien está en peor situación y sin apenas protección jurídica; es más, una subida tan sustanciosa del SMI puede originar, precisamente, el aumento de este colectivo más desfavorecido. Además, esta política tampoco incluye a los autónomos —verdaderos o falsos— ni a la nueva precariedad instalada en la economía digital colaborativa de bajo coste.
Resulta, por ello, necesario reconstruir la política salarial con herramientas más innovadoras, si lo que se pretende es realmente aumentar el poder adquisitivo de la población en activo. La opción más clara en este sentido es, creo, entre el panorama político, el complemento salarial pagado por el Estado al colectivo de personas que trabajan sin alcanzar anualmente el SMI o una cuantía anual fijada legalmente que puede estar desvinculada del SMI. Esta medida sí que atiende al trabajador pobre pues, a través de la declaración fiscal de su renta anual, recibe del Estado un complemento que dignifica su situación económica. Esta vía ayuda a emerger economía irregular y no desincentiva el trabajo.
Es necesario, también, corregir aspectos muy puntuales de la reforma laboral 2012 articulados para la superada devaluación salarial. La prioridad del convenio colectivo de empresa sobre sector asume un riesgo de bajadas salariales, que puede ser corregido, por ejemplo, aplicando salario base sectorial, dejando el espacio de los complementos y el variable a la negociación colectiva empresarial. La modificación contractual de salarios por causa económica de la empresa puede ser limitada temporalmente y topada con porcentajes de la masa salarial. Se debe profundizar en conectar salarios y productividad, incentivando desde la ley la participación en beneficios o acciones de los empleados. Y todo ello debe replantear el modelo vigente de contratación laboral, excesivamente concentrado en una temporalidad flexible que termina bajando salarios.
En cualquier caso, es imprescindible que la política de incentivo salarial esté acompañada por un gran pacto social de rentas, suscrito por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que guíe la negociación colectiva de los próximos años. Este pacto social debe contemplar subidas de las retribuciones y articular sistemas jurídicos de conexión con la productividad de cada sector y empresa.
La combinación de nuevas herramientas políticas con una negociación colectiva distinta puede lograr el deseado anhelo de una subida salarial generalizada en la sociedad española. Apostarlo todo al SMI, sin un pacto social de rentas moderno y valiente ni una negociación colectiva diferente, puede convertir, sin embargo, este objetivo, en un tópico políticamente correcto que ejerce de efecto placebo mientras los salarios permanecen estancados.
Jesús Lahera Forteza es profesor Titular Derecho del Trabajo Universidad Complutense
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