Cuatro de cada 10 pensionistas madrileños cobran menos del salario mínimo

María del Carmen Criado, de 67 años, vive en un barrio popular de Madrid en el que, dice, buena parte de los vecinos la conocen, al menos de vista. Por eso prefiere que su fotografía no acompañe este texto. “Todo el mundo me conoce, sabe usted, para bien”, se justifica. Porque lo que aquí va a contar son los apuros que pasa para llegar a fin de mes con su pensión de viudedad de 632 euros (un euro y medio más que el año pasado). Cuenta, por ejemplo, que cuando se ducha siempre tiene mucho cuidado de apagar el agua mientras se enjabona —“Me pongo el gel en el guante, lo extiendo y luego ya enciendo otra vez”—, que mira muy bien cada producto cuando hace la compra y que muchas veces se la hace su hija —es entonces cuando entra en su casa alguna marca que no sea blanca—.

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Las mujeres son, sin duda, las peor paradas de este súbito empobrecimiento estadístico que ha llevado de un año a otro a 107.000 pensionistas madrileños al escalón más bajo de ingresos. Casi la mitad de las que perciben la paga de jubilación (47%) y el 58% de las que reciben la de viudedad cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según los datos ofrecidos por el Gobierno de España en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

Hay situaciones aún más graves, pues la información facilitados por el Ejecutivo no incluye las 23.000 personas que perciben pensiones no contributivas, aquellas que se otorgan a quienes no han cotizado y que son aun más bajas; la media es 390 euros al mes, según la estadística de la Seguridad Social. En todo caso, su inclusión, al ser tan pocos, apenas variaría el porcentaje de pensionistas por debajo del SMI.

Y tampoco cambiaría la interpretación de su espectacular subida, que, según explica el investigador de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz, deja en evidencia la gran descompensación producida entre las prestaciones más bajas y el salario mínimo, ese que se relaciona en los textos de enseñanza jurídica con la “renta de subsistencia”. El desnivel se empezó a fraguar en 2013, cuando el Gobierno central cambió el sistema de revalorización de las pensiones y este dejó de tener en cuenta el IPC (la subida de los precios) para evitar la pérdida de poder adquisitivo, un criterio que sí se sigue utilizando, al menos sobre el papel, para actualizar el SMI. La norma establece desde entonces una subida mínima de pensiones del 0,25% —que es la que se ha aplicado desde entonces— que se modulará en función de la situación del sistema y puede llegar hasta el IPC más 0,5% en años de bonanza económica.

Durante los últimos años, el salario mínimo tampoco avanzó mucho, ha estado entre la congelación y el 1,5%. Sin embargo, en 2017, fruto de un acuerdo entre el PP en el Gobierno y el PSOE, se ha aprobado una subida del 8%, el mayor incremento interanual desde 1986. Y se pudo hacer, entre otras cosas, por “la mejora de las condiciones generales de la economía”, según el real decreto que aprobó la medida en diciembre pasado.

“Quizá en años anteriores, la crisis pudo ser un argumento para la escasa subida de las pensiones, pero ahora ya no es ni aceptable ni justificable”, señala el diputado socialista por Madrid en el Congreso Rafael Simancas, uno de los autores de la pregunta al Gobierno. Simancas explica que su grupo ha pedido que se derogue el actual sistema de revisión para que vuelva a tener en cuenta la inflación.

CC OO viene advirtiendo desde que se aprobó el nuevo sistema del previsible empobrecimiento paulatino de los pensionistas. En los primeros años, como la inflación fue muy baja o negativa, tampoco se notó excesivamente, según admitía un trabajo del sindicato del pasado mes de septiembre. Pero ahora, con subidas de precios del 2,6% interanual en febrero en Madrid (3% de media estatal), ya empieza a estar bastante claro. “Me parece un porcentaje muy alto y muy preocupante, pues se trata de muchas personas que se colocan en riesgo de exclusión social”, añade Simancas en referencia a ese 396,6% de pagas por debajo del SMI.

Mirando a María del Carmen Criado, con su peinado perfectamente colocado y su chaqueta de punto de grandes botones, pocos la colocarían en ese grupo. Sin embargo, cuenta que ya nunca sale a tomar un café por ahí. “25 euros de agua, otros 27 de gas, 30 de luz, 40 de teléfono, la contribución… Es que no me llega. Mira a qué fecha estamos [era 15 de marzo] y me quedan 170 euros en el banco", relata. Ella, al menos, tiene la casa pagada y cuenta con ayuda familiar. Sin embargo, otros tienen además que pagar alquiler o echar una mano a sus hijos con sus exiguas pagas, como cuenta una señora de 74 años y 690 euros mensuales de pensión, en la puerta del Club de Mayores San Joaquín, en el barrio de San Blas. Prefiere no dar su nombre.“Ay, hijo, déjame que bastante tengo ya”.