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Pedaleando por derechos

Trabajadores de las plataformas digitales luchan contra un modelo que debilita cada vez más el vínculo laboral

Un repartidor de Glovo por las calles de Barcelona.
Un repartidor de Glovo por las calles de Barcelona.

2017 será recordado como el año en el que conductores, repartidores y otros trabajadores que se han ido precarizando al calor del boom de la economía digital decidieron levantarse para defender sus derechos. Las ciclistas que surcan las ciudades con llamativos logos de Glovo o Deliveroo y los chóferes de Uber han logrado importantes victorias judiciales o sindicales frente a las empresas para las que trabajan, pese a que estas prefieren considerarlos como meros suministradores de servicios. Pero la pregunta de fondo sigue ahí: ¿Hasta qué punto los nuevos modelos de negocio basados en aplicaciones móviles dinamizan la economía? ¿Y hasta dónde se puede precarizar un mercado laboral que ya partía de un elevado grado de polarización y desigualdad?

Mientras los expertos no se ponen de acuerdo sobre el número de empleos que destruirá un futuro dominado por los robots y la digitalización, diversos colectivos han logrado en las últimas semanas pequeños logros que parecen querer parar los pies a los gigantes de la nueva economía. Así, el Tribunal de Justicia de la UE acaba de dictaminar que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma de intermediación entre viajeros. Lo que parece una discusión semántica es en realidad una victoria de los taxistas, que obligan así a que sus competidores trabajen siempre con licencia, algo que en España ya ocurría desde 2014.

Más interesante aún resulta la decisión de noviembre de un tribunal británico, que forzó a Uber a considerar a sus chóferes como asalariados, con consecuencias directas sobre su derecho a un salario mínimo y a vacaciones pagadas. La Comisión Europea también acaba de presentar una directiva con la que pretende dar más garantías a los cerca de seis millones de trabajadores irregulares —todos aquellos que no se rigen por un contrato laboral clásico— que hay en los 28 países del club.

En España, los precarios de la nueva economía digital también han recibido buenas noticias últimamente. La Inspección de Trabajo de Valencia acaba de dictaminar que los riders —es decir, los chicos y chicas que con la fuerza de sus piernas reparten la comida de infinidad de restaurantes bajo el paraguas de Deliveroo— son en realidad asalariados; y acusó a la empresa de querer disfrazar su actividad como falsos autónomos. “La relación civil que pretenden crear esconde, en realidad, una verdadera relación laboral”, aseguraba la Inspección. UGT también ha denunciado a empresas como Deliveroo, Glovo, UberEats y Stuart por “relación laboral encubierta”. En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia estos riders comenzaron a organizarse desde el verano en combativas asociaciones.

Es pronto aún para abordar en toda su magnitud el impacto que la llamada gig economy tendrá en los empleos del futuro. Pero 2017 ha servido al menos para dibujar un contorno del panorama. Según un estudio reciente de la Fundación Europea de Estudios Progresistas, 5,7 millones de ciudadanos de siete países —Austria, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Suiza y Reino Unido— obtienen más de la mitad de sus ingresos de plataformas tecnológicas con escasa cobertura de derechos laborales. Una cifra que refuerza la idea de que el problema de los precarios digitales ha llegado para quedarse.

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