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El activismo inversor aumenta

La presencia de accionistas más vigilantes del gobierno corporativo eleva la oposición en los consejos de las cotizadas

La oposición de los activistas se centra en los planes de retribuciones, a menudo escasamente justificados.
La oposición de los activistas se centra en los planes de retribuciones, a menudo escasamente justificados.

Estableciendo una media, en España hay unas 132 compañías cotizadas que someten a valoración de sus juntas de accionistas unas 1.300 propuestas cada año. La mayoría se aprueban con un nivel de consenso que cualquier político envidiaría, pero el creciente activismo de los accionistas derivado de la entrada masiva de hedge funds y de fondos que reivindican mejor gobierno corporativo procedentes de otros países hacen que la conducta de las empresas se analice muy de cerca. Y las cosas están empezando a cambiar.

El último análisis al respecto lo han elaborado Georgeson y Cuatrecasas para determinar cómo se han comportado los inversores institucionales de las empresas del Ibex-35 y del Top 40 del mercado continuo este año. Una de sus conclusiones es que los asuntos relativos a las retribuciones de los consejeros fueron los más espinosos en el selectivo español. Aquí las juntas han dejado de ser una balsa de aceite en un mercado en el que los ejecutivos mejor pagados del Ibex cobran 86 veces más que la media de sus empleados, según un cálculo de EL PAÍS. Hasta 56 propuestas (la mayoría sobre salarios de consejeros) sometidas a la aprobación recibieron el voto en contra de más del 10% de los accionistas en 2017. En el mercado continuo lo más contestado fue la gestión, fijación del número de consejeros y nombramiento, reelección y ratificación de consejeros. Preocupa, en especial, la poca transparencia en la comunicación de la información y la desigualdad salarial, algo que lleva a los autores del estudio a pronosticar que ésta seguirá siendo “una cuestión central” en la temporada de juntas del año que viene.

El activismo inversor aumenta

Juan Aguayo, socio de corporate de Cuatrecasas, valora que haya aumentado la transparencia y el debate en los órganos de control de las compañías. “Hay más seguimiento, más interés”. Señala que el buen gobierno se está está incorporando a ámbitos ajenos al mercado, “a otras compañías no cotizadas”, pero advierte que todavía queda mucho camino por recorrer. En cuestiones salariales, cree que hay una actitud más exigente para ligar la retribución con la generación de valor en la compañía.

El informe se fija especialmente en lo que opinaron los proxy advisors, asesores que aconsejan qué votar a los grandes inversores institucionales —gestoras de fondos o de pensiones, entidades de crédito o aseguradoras—. ISS y Glass Lewis, las dos firmas que reinan ese negocio, reclaman que en España se justifique mejor el nivel de desempeño de los consejeros y lo que reciben al cabo del año; y que se revisen los “premios especiales”, que muchas veces no gozan de la justificación adecuada. También llaman la atención sobre la existencia de cláusulas de indemnización superiores a los dos años, o a la falta de datos sobre los parámetros que miden los objetivos que tienen que cumplir a largo plazo los timoneles de las empresas. Los proxy advisors, pese a todo, mantuvieron el nivel de recomendaciones negativas que habían emitido en 2016: un 25% para ISS y un 21% para Glass Lewis.

¿En qué deben mejorar las compañías españolas? En elementos tan básicos como que los planes de retribuciones estén diseñados de acuerdo con los intereses de la empresa y sus accionistas a largo plazo, que se refuerce la diversidad dentro de los consejos y que se comuniquen bien los planes estratégicos.

Por descontado, la escasísima presencia de mujeres es otro de los temas centrales: de los 221 consejeros ratificados o nombrados este año sólo 50 (un 22%) fueron mujeres (la mayoría independientes y solo un 3% con poderes ejecutivos). “Es una preocupación que poco a poco se va atendiendo, pero por desgracia no se va a solucionar en poco tiempo”.

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