Empleo cifra en 6.704 millones el déficit de pensiones y prestaciones en una Cataluña independiente

Empleo cifra en 6.704 millones el déficit de pensiones y prestaciones en una Cataluña independiente

La recaudación en Cataluña por cotizaciones para pensiones y desempleo, incluidos otros ingresos como los intereses del Fondo de Reserva, ascendió a 22.856 millones en 2016. Por otro lado, el gasto en prestaciones de paro y pensiones —contributivas, no contributivas y de funcionarios— alcanzó los 29.560 millones.

El saldo de ambas cifras supone que el déficit de esta comunidad se situó en 6.704 millones, según un informe del Ministerio de Empleo, fechado el 28 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El déficit desciende hasta los 3.300 millones si se tienen en cuenta los 3.404 millones de transferencias del Estado. Con este dinero se costean los complementos a mínimos (cantidad que precisan las pensiones contributivas que no llegan a la paga mínima con lo cotizado), las pensiones no contributivas, las de los funcionarios que no cotizaron en el régimen general o la suma que falta para sufragar el gasto del seguro de desempleo.

Ese agujero de 6.704 millones representa un 3,2% del PIB de Cataluña y es la cantidad que tendría que cubrir un hipotético estado catalán independiente si aspira a mantener el nivel de protección social actual, ya que en esta situación “no podrían recurrir a ellas [las transferencias del Estado]”, explica el informe.

Este documento subraya que una “ruptura unilateral” no estaría exenta de “graves consecuencias [para Cataluña], entre otras cosas, sobre la venta de bienes y servicios derivada de su obligada salida de la Unión Europea”.

“Utilizando un cálculo prudente, el posible impacto tan solo de la disminución de sus exportaciones al resto de España implicaría un descenso inicial de, como mínimo, el 5%”, prosigue el texto, que calcula que Cataluña perdería 250.000 empleos. De cumplirse este escenario, “no es exagerado pensar que las pensiones pueden incluso disminuir”, plantea.

Con este informe, el Ministerio refuta los cálculos que usó la Generalitat para afirmar el 13 de septiembre que un sistema de pensiones en una Cataluña secesionada sería más sostenible que el de España. Las estimaciones del Govern rebajan el agujero de la Seguridad Social catalana hasta los 1.308 millones. Sin embargo, el departamento de Fátima Báñez responde: “La presentación parece recoger los principales aspectos, pero tiene múltiples inexactitudes y, sobre todo, cifras que no se corresponden con la realidad”.

Pagas más altas

El estudio de la Conselleria de Treball argumenta que Cataluña se beneficia de unos sueldos más altos y una mayor proporción de gente trabajando, algo que comparte el informe del Gobierno. Sin embargo, el Govern omite que eso también significa que las prestaciones resultan más caras. En consecuencia, ello no les supone ninguna ventaja a la hora de analizar la viabilidad del sistema. Ni la productividad ni la demografía en Cataluña son muy distintas de las que presenta España y, por tanto, los problemas de sostenibilidad se antojan muy similares.

Además, las cuentas de la Generalitat no recogen el coste de las pensiones de los funcionarios. Se imputan transferencias del Estado con las que no contaría de escindirse y discrepa con el Gobierno en diversas estimaciones como los ingresos y gastos de los servicios de empleo. De hecho, aunque elabora los números diciendo que parte de los datos que proporciona la Intervención General del Estado, la cifra con la que concluye cita al pie que se trata de una “estimación propia”.

Por otra parte, estas cuentas tampoco contemplan los costes de gestión sin economías de escala, o los de crear una Seguridad Social casi de la nada. En España, la gestión del sistema ronda los 5.000 millones. Y parte de ese monto debería sumarse a los 6.700 millones que precisaría financiar Cataluña al separarse.