El Gobierno activa el arbitraje obligatorio para zanjar la huelga de El Prat

El Consejo de Ministros da 24 horas a las partes para que pacten el nombre del mediador

El ministro Íñigo de la Serna explica el arbitraje de El Prat

La decisión del árbitro sobre el conflicto laboral, generado por la precarización de las condiciones laborales, será de obligado cumplimiento y no cabrán huelgas. El laudo deberá estar listo en 10 días “tras la designación del árbitro”, según confirmó De la Serna en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Gobierno.

El ministro venía anunciando este paso desde el pasado viernes. Pero el miércoles dio un paso más para evitar que el conflicto de El Prat se extienda. Anunció que el Gobierno está dispuesto a crear un grupo de trabajo que aborde las condiciones laborales del sector de la seguridad privada en las diferentes contrataciones de la Administración (aeropuertos, edificios públicos, centrales eléctricas, centros atención a refugiados…), como demandan los sindicatos.

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Ya hay convocatorias de paros para el 20 de agosto entre el personal de seguridad de las instalaciones de Santiago y A Coruña. Y en Valencia y Alicante amagan con protestas si no hay una solución general. De la Serna citó expresamente las propuestas de UGT y CC OO. También USO, sindicato representativo en el sector, demanda soluciones en esta dirección.

De la Serna hizo públicas sus intenciones para forzar una salida al conflicto de El Prat —refuerzo de la Guardia Civil y un laudo obligatorio— después de que los vigilantes rechazaran la oferta del mediador designado por la Generalitat. Los vigilantes de El Prat rechazaron el domingo, por segunda vez, la oferta. La propuesta consistía en un complemento de 200 euros, en 12 pagas, sobre el salario, que para los empleados nuevos es de 800 euros (y los de mayor antigüedad cobran 1.100 euros). La última petición de los trabajadores era un complemento de 250 euros en 15 pagas.

El ministro de Fomento justificó que ya no quedaban más recursos legales que el laudo obligatorio. Aseguró que el acuerdo del Consejo de Ministros es “excepcional”, que tiene sentido “en circunstancias muy singulares de seguridad” como es el caso del aeropuerto de El Prat, el segundo con mayor tráfico de España. “No estamos hablando de un aeropuerto cualquiera”, abundó, destacando la necesidad de cuidar su seguridad y la imagen de la industria turística. De la Serna defendió que es un sistema “legal” y que ya se ha aplicado antes.

La decisión del miércoles pone en marcha el mecanismo del arbitraje y da un plazo a las dos partes para que se pongan de acuerdo en quién debe ser el árbitro. Los convocantes de la huelga, los sindicatos Prou y ADN (mayoritarios entre los vigilantes de El Prat), tenían ya un nombre sobre la mesa: el ex coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, según avanzó El Mundo.

La decisión de llevar a cabo el arbitraje llega después de que el Gobierno decidiera que la Guardia Civil reforzara la seguridad de los aeropuertos y velara por el cumplimiento de los servicios mínimos del 90%. Es por ello que en los últimos tres días no ha habido colas en los arcos de entrada.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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