El laudo arbitral, así es la medida con la que Fomento quiere poner fin al conflicto de El Prat

El Gobierno va a estudiar hoy la propuesta de designar un arbitraje para desencallar el conflicto entre los vigilantes de los controles de acceso a los embarques de El Prat y su empresa, Eulen. Cuando llegue su decisión, el laudo, no será legal hacer huelga contra ella. El real decreto ley preconstitucional de 1977 —podado e interpretado por el Tribunal Constitucional en 1981— es claro en su artículo 11: “La huelga es ilegal cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un convenio o lo establecido por laudo”.

Para establecer el arbitraje, el Ejecutivo se apoya en ese mismo decreto de hace 40 años. Justo su artículo anterior, el 10, faculta al Gobierno “para instituir un arbitraje obligatorio”, según la interpretación del alto tribunal, si la huelga causa un “perjuicio grave de la economía nacional”. La condición que deberá respetar el Ministerio de Empleo, que es quien tiene que proponer al Consejo de Ministros formalmente el nombre del árbitro, es respetar “el requisito de imparcialidad”.

No será esta la primera vez que se recurra al arbitraje. Diferentes gobiernos ya lo han hecho en ocasiones anteriores, por ejemplo en los últimos choques entre los pilotos e Iberia en 2012. También lo hubo —el exministro de Trabajo, Manuel Pimentel— en el conflicto entre Fomento y los controladores aéreos en 2011. Normalmente, cuando se ha recurrido a esta figura, algo nada usual, ha sido por conflictos laborales relacionados con el sector del transporte.

Siguiendo lo sucedido en el caso de los pilotos de Iberia y la aerolínea, cuando el Gobierno designó a Jaime Montalvo como mediador, el Consejo de Ministros fijará un plazo para que se emita el laudo. Entonces fueron 10 días. También ordenó a Montalvo que escuchara a ambas partes antes de resolver.

Que no se pueda hacer huelga contra un laudo arbitral no significa que no se pueda recurrir. Precisamente los dos laudos que trataban de poner fin a la disputa entre Iberia y sus pilotos fueron anulados por el Tribunal Supremo dos años después de su emisión, en 2014.

Control de la Guardia Civil

Sobre lo que no hay consenso es si el despliegue de la Guardia Civil en sustitución de los vigilantes en huelga es legal o no. Los sindicatos han acusado al Gobierno de vulnerar este derecho. El Ejecutivo, en cambio, lo considera ajustado a derecho.

El razonamiento que lleva a considerar desproporcionado el recurso al instituto armado es que en los controles de El Prat ya se han dictado servicios mínimos para atenuar el impacto de la huelga ya que la seguridad es un servicio esencial para la ciudadanía. Una vez dado este paso sería responsabilidad de la empresa —Eulen en este caso— garantizar su cumplimiento. Si esto no sucediera por la actitud de los huelguistas, entonces la compañía podría contratar a trabajadores para cumplir con esta obligación. La Guardia Civil aparece al final de esta cadena si no se han podido cumplir los eslabones precedentes.

Otra interpretación recuerda que una sentencia reciente del Tribunal Supremo, sobre una empresa de instalación de andamios, permite recurrir a terceros para sustituir a los huelguistas. Esos terceros en este caso sería la Guardia Civil.