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La Generalitat justifica ante Hacienda un supuesto gasto del referéndum

El Gobierno asegura que "analizará con rigor" la respuesta de la interventora catalana

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la semana pasada. En vídeo, declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Foto: Isabel Muñoz. Vídeo: ATLAS

El gasto de 6.150 euros en una partida del Presupuesto catalán y que el Gobierno duda que financiará el referéndum independentista volvió a enfrentar a las dos Administraciones. El Ministerio de Hacienda preguntó hace una semana si dicha desviación había pagado algún preparativo de la consulta. Ante el silencio, Hacienda envió ayer otro requerimiento, dando un ultimátum de 24 horas. Rosa Vidal Planella, la interventora de la Generalitat, finalmente respondió in extremis en la tarde para desvincular el gasto del referéndum. El Gobierno dice que “analizará con rigor” la justificación del gasto.

El plazo para responder al requerimiento presentado el pasado martes vencía ayer lunes a las tres de la tarde y el Gobierno catalán no había respondido a esa hora. Esto llevó a que Hacienda enviara una nueva comunicación, otorgando un plazo adicional de 24 horas. Vidal finalmente respondió asegurando que el gasto "no tiene relación con el referéndum" y que se trata de un contrato de mantenimiento de un programa electrónico relacionado con procesos electorales, del que se encarga el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Gobierno catalán (CTTI).

En este segundo requerimiento que hizo el ministerio, recuerdan a Vidal que “ la resistencia o la negativa a suministrar la información solicitada será objeto igualmente de traslado a las autoridades competentes a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan”. Hacienda encontró el desvío dentro de las revisiones mensuales que son requisito para poder acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que depende Cataluña para poder pagar las farmacias.

Además, el ministerio que preside Cristóbal Montoro recuerda a la interventora la nueva obligación de enviar un informe certificado semanal, donde "hará expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiación que, directa o indirectamente, pretendan financiar o financien procesos refrendarios así como las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad".

Y agrega: "De igual modo se señala que la información recabada se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales".

Tras descubrir esta desviación de gasto por importe de 6.150 euros y no recibir ninguna explicación el Gobierno ha decidido aumentar la vigilancia sobre el gasto de la Generalitat y revisar todas las partidas "financiadas o no con cargo al FLA" para evitar que se pague la organización del referéndum. Hacienda recuerda que el Tribunal Constitucional suspendió las partidas relacionadas con la organización de procesos electorales. Si el Gobierno catalán no envía la información semanal o se detectan gastos relacionados con la consulta, se dejaría de enviar de la línea de financiación pública a Cataluña. No obstante, los servicios públicos como la sanidad y la educación están garantizados y seguirán cubriéndose con los fondos del FLA.

En la mañana de ayer, el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, ya había explicado que el dinero se utilizó para la renovación de un software, sin precisar más detalles. Salvadó también intentó quitar hierro de la medida en una entrevista a Catalunya Ràdio, donde aseguróque Hacienda ya vigilaba las cuentas autonómicas con anterioridad.

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