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El PP enmendará los Presupuestos para que los Ayuntamientos puedan reinvertir el superávit

Los municipios podrán destinar parte del ahorro del año pasado a proyectos sostenibles que no estén concluidos en 2017. La norma obliga a reconocerlos en 2018

J. S. G.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.Bernardo Pérez

El grupo del PP en el Congreso ha registrado una enmienda para permitir que los Ayuntamientos puedan reinvertir los 7.000 millones de euros de superávit que registraron el año pasado. Es una de las medidas que venía reclamando el presidente de la Federación española de municipios y provincias (Femp), Abel Caballero.

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El alcalde de Vigo, del PSOE, ha reclamado este martes al Gobierno que amplíe las competencias de los Ayuntamientos, puesto que son las Administraciones públicas más próximas a los ciudadanos y las que mejor pueden prestar algunos servicios públicos, como los sociales.

La emnienda explica que "en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2017, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2018 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018". De esta forma, los Ayuntamientos que no pudieron ejecutar toda la inversión programada en sus Presupuestos del año pasado podrá terminarla este año a cuenta del ahorro conseguido el año pasado.

El PP explica en la justificación de la enmienda que "se posibilita que se pueda destinar el superávit obtenido en 2016 a financiar proyectos de inversión que puedan calificarse como financieramente sostenibles que no estén concluidos en el ejercicio 2017 y respecto de los cuales al menos esté autorizado el gasto, pudiendo comprometerse éste y reconocerse la obligación en 2018".

Los más de 8.122 Ayuntamientos de España, las diputaciones provinciales y el resto de entidades locales tenían marcado un objetivo de déficit público del 0% durante el año pasado. Lo consiguieron con holgura y registraron un superávit próximo a los 7.000 millones, una cantidad equivalente al 0,65% del PIB. Y lo hicieron por la aplicación de la regla de gasto, otro de los nuevos límites de la Ley de Estabilidad Presupuestaria —la norma que encorseta las cuentas de las administraciones públicas—. Esta norma impide aumentar el gasto por encima del crecimiento potencial de la economía. Al tener que contener el gasto y aumentar sus ingresos por la mayor recaudación del IBI y de los recursos del sistema de financiación crece el superávit.

El texto de la emnienda explica que hasta ahora los Ayuntamientos podían financiar proyectos de inversión financieramente sostenibles —que no supongan un aumento de los costes fijos y que su coste esté garantizado. El PP recuerda que "el gasto debía estar autorizado y comprometido en el ejercicio de aplicación del superávit". Pero como estos Presupuestos Generales del Estado se aprueban con seis meses de retraso debido a la compleja situación política del año pasado, "la prórroga de la regla especial del destino del superávit podría carecer de operatividad si se exigiese que en 2017 se realizasen las fases del procedimiento de ejecución del gasto de autorización y disposición o compromiso, siendo necesario no requerir el desarrollo de esta última en el mismo ejercicio".

Es decir, que como el Presupuestos General del Estado se aprueba con retraso se permite que los Ayuntamientos puedan invertir parte del superávit de 2016 en proyectos que no estén aprobados previamente ya que los municipios aprobaron sus cuentas en el mejor de los casos sin conocer el detalle de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 aún en tramitación y, por tanto, sin saber de cuántos recursos dispondrán este año.

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Sobre la firma

J. S. G.
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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