Argentina gana una batalla en su conflicto internacional con Abertis

Argentina ha ganado una batalla a Abertis en el conflicto que mantiene por las dos autopistas de peaje que gestiona el grupo español en el país. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial, ha aceptado la petición del Estado argentino de que se someta primero el conflicto a un proceso judicial antes de resolver sobre el fondo del asunto.

El CIADI, en una resolución del pasado 27 de marzo, acepta la llamada "solicitud de bifurcación" que pedía el Estado argentino, un procedimiento que supone acceder a una fase jurisdiccional separada destinada a considerar las excepciones sobre jurisdicción y admisibilidad formuladas por la parte demandada antes de dirimir el arbitraje.

En la práctica, ese procedimiento supondrá una demora considerable de la resolución del arbitraje sobre un contencioso que tiene su origen hace más de una década, cuando el ejecutivo del país decidió congelar los peajes de las vías de pago, causando un quebranto económico a Abertis que participa en dos concesionarias de autopistas de Argentina. Se trata de Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que gestiona la autopista entre Buenos Aires y Luján (56 kilómetros), y Austol, titular de la concesión de 119 kilómetros del acceso norte de Buenos Aires —popularmente conocida como la autopista Panamericana— y del mantenimiento de la Autopista General Paz.

El Estado argentino alegó que el tratado de protección de inversiones entre Argentina y España incluye la cláusula de que el inversor debe, previo a iniciar un arbitraje internacional, someter la controversia a la jurisdicción local del Estado receptor, y esperar al menos 18 meses a que se produzca una resolución judicial.

Abertis alegaba que el proceso judicial es muy caro y que ningún tribunal argentino dicta sentencia en 18 meses

Asimismo, Argentina indicaba en su petición que le “sorprendió” que la empresa demandante dijera que recurrir a las cortes argentinas resultaría en “una situación de ineficiencia e inequidad” que le generaría gastos adicionales, teniendo en cuenta que ha dejado transcurrir catorce años entre las medidas de congelación de peajes que alega la perjudicaron y el inicio del proceso arbitral, lo cual no es un plazo razonable y, además produce “la extinción del reclamo por aplicación de las reglas de prescripción extintiva y liberatoria bajo el derecho internacional”.

"Los tribunales argentinos no son efectivos"

En efecto, Abertis había rechazado ir a la vía judicial por "carecer ese sometimiento de efectividad", y citaba varias decisiones de tribunales arbitrales, demostrando que no hay posibilidad de que durante el plazo de dieciocho meses se produzca ningún resultado en los tribunales argentinos. También indicó que para acudir a los tribunales locales tendría que pagar aproximadamente 37 millones de dólares en concepto de la “tasa de justicia” y, en caso de desistir de esa demanda tendría que asumir las costas que podrían superar los 300 millones de dólares. Contando además con el hecho de que ese desistimiento requeriría el consentimiento de Argentina, lo que “significaría una carga muy gravosa y dejaría al arbitrio de Argentina la posibilidad de la demandante de recurrir luego al arbitraje internacional”.

El Tribunal del CIADI desestima este argumento y recuerda a Abertis que no puede decidir sobre la petición argentina de separar el caso teniendo en cuenta las probabilidades de éxito de las objeciones jurisdiccionales planteadas o, en este caso, de las que pudieran oponerse posteriormente cuyo contenido desconoce.

Añade que la excepción planteada en la solicitud argentina, abre la posibilidad teórica de que el proceso arbitral no llegue a la fase de fondo y que, por razones de economía procesal sea más conveniente analizar y resolver previamente los asuntos jurisdiccionales.