“He encontrado un error: estoy consternado”

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha escrito que —superada la crisis— ha llegado el momento de ofrecer una visión de conjunto de la actuación del Banco de España en la crisis financiera durante la Gran Recesión. Habría que añadir: y del resto de las instituciones y personas que protagonizaron el hecho de que España haya sido el tercer país europeo (después de Alemania y el Reino Unido) que más ayudas ha utilizado en estabilizar a bancos y cajas de ahorro.

Mucho más si pensamos que el saneamiento financiero se legisló mediante decreto ley, como otras materias tan significativas como la reforma laboral o los recortes en materia sanitaria. Mientras que otros parlamentos nacionales de la UE (por ejemplo, el alemán) discutían acerca del rescate que se iba a conceder a las entidades españolas, para que sobreviviesen, en el nuestro no se hizo. La crisis financiera no ha sido objeto hasta ahora de ninguna investigación parlamentaria seria y subcomisiones pasadas, de nombre tan rimbombante como de Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero, y de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios, adscritas a la Comisión de Economía y Competencia, no produjeron ningún documento analítico que haya podido ser discutido públicamente.

Mientras tanto, se han utilizado la teoría de los silencios sociales (hablar lo menos posible del asunto), y la "trampa del silo" (compartimentar la cosa para que los ciudadanos tengan dificultades para obtener una visión de conjunto). En 2013, el que entonces era presidente de la patronal bancaria, Miguel Martín, dijo en una conferencia que las ayudas a las entidades financieras españolas podrían ascender a 125.000 millones de euros. Tres años después, el Banco de España cifraba en 61.500 millones (de los cuales 51.300 eran dinero público) el coste de reflotar a la banca española. Todos ellos en capital. A ellos habría que sumar 168.000 millones en avales, garantías y capital para el llamado banco malo (el que compró terrenos e inmuebles basura que ensuciaban el balance de la banca y las cajas privadas). Poco después, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia concretó en el 8,4% del PIB español (frente al 4,9% en el conjunto de la UE) las ayudas a la banca en nuestro país, lo que significaba alrededor de 96.000 millones de euros. Por último, el Tribunal de Cuentas cifró del coste del proceso de reestructuración en 60.718 millones, de los que 41.786 millones fueron públicos y 18.932 millones dotados por las propias entidades de crédito. Según el Tribunal de Cuentas, los recursos públicos comprometidos ascendieron a 122.122 millones de euros.

¿Distintas evaluaciones?, ¿cantidades heterógeneas?, ¿qué dinero fue en forma de capital y a las cajas de ahorros y cuánto en avales y garantías a los bancos que compraron aquellas?, ¿han sido solo ayudas a las cajas, como dicen algunos analistas, o muletas a las cajas y a los bancos? Hasta ahora nadie ha salido a explicarlo con precisión. El gobernador del Banco de España ha abierto la espita: se necesita un relato de lo sucedido y de los subsiguientes responsables.

Cuando Alan Greenspan compareció ante la parlamentaria Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental, su presidente le preguntó: "¿Considera que su ideología le ha llevado a tomar decisiones que desearía no haber tomado", y el Maestro (así denominaban entonces a Greenspan) respondió: "Sí, he encontrado un error. Desconozco lo significante o permanente que pueda ser. Pero ese hecho me ha consternado".