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Fomento y estibadores negocian sin éxito y volverán a reunirse el próximo martes

El primer encuentro del Gobierno con los colectivos acaba sin un acuerdo que evite la huelga

Para pactar, todas las partes deben ceder. Algo que por el momento no se prevé que ocurra en las negociaciones entre el Ministerio de Fomento, los sindicatos de la estiba y la patronal del sector. La reunión convocada para este viernes por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha acabado sin acuerdo y con posiciones lejanas entre las partes. A pesar de ello, se volverán a ver el próximo martes para intentar desencallar el conflicto que ha surgido a raíz del nuevo decreto que se aprobará para acabar en la práctica con el monopolio en la contratación de estibadores. La negociación del Gobierno trata de evitar la huelga convocada por los sindicatos para el 20, 22 y 24 de febrero. Un paro que sigue en pie, como ha asegurado Antolín Goya, secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), al término del encuentro.

Representantes de la Coordinadora Estatal de trabajadores del mar, este viernes.
Representantes de la Coordinadora Estatal de trabajadores del mar, este viernes.

En la reunión ha estado presente el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, junto con los principales colectivos del sector para acordar el decreto ley que cumpla con las exigencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La petición principal de los colectivos sindicales ha sido, una vez más, la existencia de un registro de estibadores. "Es la forma de garantizar el presente y el futuro del empleo para todo el colectivo [hay 6.156 estibadores, según el censo de diciembre de 2014], así como las actuales condiciones laborales", ha explicado Goya. Sin embargo, como repite Fomento desde hace una semana, la Comisión Europea no permite la existencia de este registro. La intención de Europa es acabar con la imposición que tienen las empresas que quieran operar en los puertos españoles de participar en una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y, además, contratar a los estibadores inscritos en dicha sociedad.

España cuenta actualmente con una multa por no tener la legislación adaptada. Desde 2014 ha acumulado una sanción de 21,5 millones de euros. De ahí la premura por sacar adelante la nueva legislación. Con el cambio normativo y su adaptación a la legislación comunitaria el Ejecutivo tratará de evitar desembolsar la multa acumulada, que crece si se dilata el proceso. De hecho, Fomento prevé una nueva resolución contra España en marzo, que conllevaría un pago diario de 134.107,20 euros mientras que la ley no sea compatible con la sentencia del TJUE.

De ahí las palabras de este jueves del ministro De la Serna, que aseguró que los límites del decreto ley no los marca el Gobierno. "La Comisión Europea es quien decide si cumple o no la sentencia que hay contra España". Este viernes Gómez-Pomar ha reiterado esta posición al avisar en rueda de prensa que la existencia de un registro es una línea roja que la UE no va a pasar. Sin embargo, desde CETM aseguran que Violeta Bulc, comisaria de Transporte Europeo, les aseguró en noviembre que la existencia de un registro no es ilegal, aunque no se ve con buenos ojos en la UE.

Por ello, en el encuentro de este viernes los sindicatos de estibadores han pedido al Gobierno que algún representante de la Comisión Europea forme parte de la próxima reunión. "Si presionan tanto y son los que tienen mayor poder de decisión, se deberían sentar con todas las partes en el próximo encuentro", aseguran fuentes del sindicato mayoritario de la estiba. Gómez-Pomar ha asegurado que Europa no entra en procesos de negociación, salvo con los Gobiernos, por lo que no cree que acepte sentarse con las partes implicadas.

El decreto, la semana próxima

La idea del Gobierno es llevar el decreto ley al Consejo de Ministros del 17 de febrero. "Esa es la fecha máxima para dialogar y acordar un decreto entre todos dentro del marco de la sentencia europea", aseguró De la Serna este jueves. Es decir, solo queda una semana para acometer una negociación que se antoja complicada. La premura en el trámite de la nueva norma se debe a la sanción que Fomento espera recibir por incumplir la normativa europea. Aun así, según fuentes del Ministerio, la intención del Gobierno es dialogar y escuchar propuestas, pero sin que haya tiempo de repetir fórmulas que Europa ya ha rechazado.

A pesar del poco éxito del encuentro de este viernes, Gómez-Pomar ha propuesto a los colectivos sindicales y de la patronal analizar el texto de la reforma durante el fin de semana y realizar nuevas aportaciones el próximo martes. Los sindicatos han aceptado porque mantienen que otra de sus principales reivindicaciones pasa por que la reforma del sector sea fruto del consenso.

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