Multa de un millón de euros al Santander porque Banesto incumplió la ley contra el blanqueo

El Tribunal Supremo ha confirmado una multa al Banco Santander por una infracción muy grave de la normativa contra el blanqueo de capitales cometida por una oficina de Banesto antes de la absorción. La causa de la sanción fue la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa que está siendo investigada en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el grupo de la familia Ruiz Mateos. Según la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Banesto no conservó, tal y como exige la ley, documentos que acreditaran una serie de operaciones financieras. La entidad rechazó ayer hacer comentarios sobre la multa.

La Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obliga a que los bancos conserven todos los documentos durante 10 años para permitir investigaciones. En el caso de Banesto, la Comisión para la Prevención del Blanqueo constató que la entidad no disponía de documentos que probaran las disposiciones en efectivo, cobros e ingresos de cheques y órdenes de transferencias, de una cuenta que corriente cuyo titular es la entidad Vinícola Soto. Los movimientos de esta cuenta, entre los años 2007 y 2011, supusieron cargos por valor de 58 millones de euros, y abonos por la cuantía similar, mientras que la suma de importes cargados en la cuenta por el concepto “Disposición efectivo en oficina“, de 19,8 millones. Cuando la Comisión abrió expediente a la entidad, en 2014, Banesto ya había sido absorbida por Banco Santander, por lo que la entidad presidida por Ana Patricia Botín tiene que hacerse cargo de la multa.

La sanción fue aprobada por el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros y recurrida por el Santander, que consideraba que Banesto cumplió con las obligaciones de conservación de documentos, por lo que no existía la infracción. Subsidiriamente, pedía que la infracción se calificase de leve, al considerar que no existían indicios de blanqueo de capitales y que el incumplimiento era meramente ocasional o aislado.

El Supremo sostiene, sin embargo, que no se puede hablar de incumplimiento “ocasional” porque en la muestra analizada se han detectado 601 incumplimientos (225 en ingresos de cheques, 10 en cobros de cheques, 17 en transferencias y 349 en ingresos en efectivo). En particular, en ingresos en efectivo se ha analizado una muestra de 350 operaciones y en 349 de ellas no se tiene la documentación preceptiva. “Por lo tanto, no se puede hablar de una situación ocasional, sino que en algunos tipos de operaciones se demuestra una situación masiva, continuada y recurrente de incumplimiento”, afirma el Supremo, que añade que la muestra son más de 602 operaciones, por un importe de más de 50 millones de euros, con lo que no puede decirse que sea “irrelevante”.

Asimismo, la Sala considera proporcionada la sanción de un millón de euros, y rechaza la pretensión del banco de reducirla a 150.000 euros. Los jueces argumentan que la cuantía de la sanción está en la horquilla de los mínimos previstos, que va desde los 150.000 euros hasta los 83,5 millones de euros.

“Si atendemos a los números absolutos, la sanción de un millón de euros no puede considerarse desproporcionada si se tiene en cuenta que: 1º) Las operaciones donde se han detectado irregularidades suman decenas de millones de euros. 2º) Estas operaciones presentan una relación directa con un proceso penal. 3º) Que el incumplimiento de las obligaciones de conservación puede afectar negativamente a la acción penal, al determinar la inexistencia de elementos probatorios”, indica la sentencia.