El juez imputa estafa a los Ruiz-Mateos por los pagarés de Nueva Rumasa

La investigación judicial contra José María Ruiz-Mateos, su esposa, seis hijos varones y un sobrino por el fraude en los pagarés de Nueva Rumasa ya está en marcha. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz admitió ayer a trámite la querella de 63 afectados al apreciar indicios de estafa agravada y apropiación indebida contra ellos por el impago a los inversores que adquirieron estos títulos. El magistrado dará a los querellados un plazo de 10 días para abonar una fianza de 13 millones para hacer frente a las indemnizaciones que pudieran derivarse de esos delitos una vez que se acredite la identidad de los responsables de las empresas del grupo investigadas.

Ruz se basa en lo invertido por los 63 querellantes en las empresas de Nueva Rumasa y en las reclamaciones presentadas hasta la fecha para valorar inicialmente el fraude en algo más de nueve millones de euros. El juez, sin embargo, subraya que la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción cifró en 1.017 los posibles inversores afectados, que habrían desembolsado en total 90,4 millones. El fraude consiste, básicamente, en el incumplimiento del deber de devolver las cantidades invertidas, que se ofrecían a un interés de entre el 6% y el 12% con plazos de vencimiento de hasta cinco años. Varias de las empresas emisoras de los títulos o que los avalaban -Clesa, Carnes y Conservas Españolas, Hibramer, Grupo Dhul y Bodegas Valdivia de Cádiz- se encuentran en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

La propiedad del grupo se camufla en sociedades de paraísos fiscales

El juez rechaza que el Estado pueda ser responsable civil subsidiario

La resolución se refiere también a la "opacidad" de Nueva Rumasa, una entidad que califica como "un conglomerado de empresas" de "muy difícil identificación al no formar un grupo consolidado cuya estructura de propiedad permita identificar una matriz común". Hacienda considera que está formado por 147 empresas (no 117, como decía la publicidad del grupo) que actúan "bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y, singularmente, a sus miembros varones", aunque su propiedad esté camuflada por otras sociedades ubicadas en paraísos fiscales -27 en Belice, dos en Panamá- y en los Países Bajos representadas por testaferros lo que, según fuentes de la investigación, podría significar la ampliación posterior del caso a otros delitos, como el de blanqueo de capitales.

El juez, sin embargo, rechaza que se pueda declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado que los afectados solicitaban por una supuesta actuación negligente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o del Banco de España. Ruz explica que no puede aceptar la petición, ya que la ley exige que la querella se presente contra alguna autoridad o funcionario y los únicos denunciados son Ruiz-Mateos y sus familiares.

Ruz ordena a Hacienda que designe a dos de sus funcionarios para que actúen como peritos para "el análisis de toda la documentación de contenido económico-financiero objeto de investigación" y nombra como "fuerza policial actuante" a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía. Además, reclama de diversos registros mercantiles toda la documentación de las empresas del grupo. También se dirige a varios juzgados de lo mercantil para recabar información sobre las declaraciones de concurso de acreedores de varias de ellas, así como de su situación económica.

"Estamos tranquilos porque hemos obrado con absoluta buena fe", declaró ayer a Efe José María Ruiz-Mateos Rivero. El consejero delegado de Nueva Rumasa añadió: "Que las cosas no hayan salido como planeamos no significa que hayamos intentado engañar o estafar como dice la querella". Según el grupo, los nueve millones de euros perdidos por los 63 querellantes solo representan el 4% de los 250 millones que los Ruiz-Mateos aseguran haber captado con sus pagarés.