Telefónica paga más del 60% de los ingresos de Empleo por prejubilaciones
Las empresas habrían pagado unos 354,6 millones desde 2013 por prejubilar a trabajadores mayores de 50 años
Las empresas con beneficios que han prejubilado a trabajadores con más 50 años han pagado 309,3 millones al Ministerio de Empleo desde que se impuso esta obligación hace cuatro años. Y más del 60% de ese dinero, al menos 196 millones, lo ha pagado Telefónica, que dio nombre a la medida. La cantidad total podría ascender a 354,6 millones si se toma todo lo exigido por Empleo, pero hay reclamaciones recurridas en los tribunales, principalmente de bancos. La memoria económica que acompañaba a la norma contemplaba que se ingresarían 350 millones al año, pero la realidad ha sido bien distinta.
La llaman enmienda Telefónica. Debe su nombre popular al anuncio de esta empresa en 2011 de prescindir de 6.500 empleados. Aquello provocó la reacción del Gobierno, entonces socialista, que trató de poner coto a las prejubilaciones (la forma menos traumática de reducir plantilla) encareciéndolas. Aprovechó la tramitación parlamentaria de una reforma de pensiones para introducir una enmienda que obligaba a las empresas en beneficios con más de 500 empleados a pagar total o parcialmente la prestación por desempleo de los mayores de 50 años despedidos.
Pero la medida no entró en vigor inmediatamente. Fue el actual Ejecutivo, del PP, el que la puso en marcha en 2013 tras modificarla. Llegó a rebajar el tamaño de las empresas de 500 a 100 trabajadores. Desde entonces, el Ministerio de Empleo ha reclamado 354 millones, de los que ya ha cobrado 309 millones hasta el 30 de septiembre, según el mismo Departamento. Más del 60% lo ha pagado Telefónica, cuyo ERE acabó por afectar a 6.830 trabajadores. La firma confirma estas cifras, aunque recuerda que también otras grandes empresas han pagado por esta práctica.
La compañía de telecomunicaciones ha desembolsado al menos 196 millones, según el informe de agosto de indicadores económicos del Estado central. Probablemente la cifra sea más alta, ya que esta cantidad obedece solo a 2015 y los primeros ocho meses de 2016. Faltan los datos de 2013 y 2014, que deberían recoger ese despido colectivo y las prejubilaciones que llevaba aparejadas, pues fueron las primeras afectadas por la enmienda. Además, los datos desglosados por sectores ofrecen una clara pista: las empresas dedicadas a información y comunicaciones han pagado 289,1 millones.
La banca se resiste
El segundo sector que más ha pagado por sus prejubilaciones es el financiero. Las regulaciones de empleo que todavía está aplicando la banca —la afiliación en esta rama ha caído en más de 55.000 cotizantes desde que se aprobó la enmienda— han supuesto unas reclamaciones por 50,9 millones, aunque los recursos en los tribunales hacen que solo se haya cobrado por ahora 11,8 millones.
La industria manufacturera figura como el tercer sector que más ha pagado, un total de 7,3 millones. Tras ella, ninguna actividad ha ingresado más de un millón de euros en las arcas de los Servicios Públicos de Empleo, el organismo dependiente del ministerio que gestiona esta medida.
Todo lo recaudado queda por debajo de lo que pensó inicialmente el Ejecutivo. La previsión inicial estimó unos ingresos anuales de cerca de 400 millones. Después se redujo algo este cálculo, y la memoria económica que acompañó la última versión de la medida lo cifró en 350 millones.
Lo que Empleo exige a las empresas es una cantidad que se sitúa entre el 60% y el 100% del coste del paro más las cotizaciones aparejadas de los trabajadores mayores de 50 años afectados por despidos colectivos o los individuales que se producen tres años antes o después de esa regulación de empleo.
El porcentaje depende del tamaño de la empresa, de la ratio de beneficios sobre ingresos y de la composición por edades de los trabajadores afectados en el ERE. La empresa no empieza a pagar cuando se cierra el expediente, sino cuando se materializa el despido, algo que en ocasiones puede suceder años después.
Un colectivo difícil de cuantificar
La figura del prejubilado es popular, pero es difícil saber cuántos hay en España. En primer lugar, no se corresponde con ninguna figura legal: normalmente son trabajadores despedidos en los últimos años de su vida laboral en unas condiciones que les permiten llegar a la jubilación sin volver a trabajar.
Si se tienen en cuenta solo a los que tienen un convenio con la Seguridad Social para completar los años de cotización antes de jubilarse, la cifra es baja: unos 150.000. Esta cifra podría duplicarse si se calcula de otra forma: del total de jubilados o prejubilados, que son 6,06 millones, se resta los 5,7 millones de pensionistas. El resultado es que habría más de 300.000 prejubilados.
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