Hacienda retiene fondos a 139 municipios por no rendir cuentas
El Ministerio aplica la ley a un grupo de ayuntamientos que no ha entregado las liquidaciones de sus cuentas
A cambio de perdonar la multa por el exceso de déficit, Bruselas exigió a España que aplicase con rigor la Ley de Estabilidad Financiera aprobada en 2012. Y el Ministerio de Hacienda se ha puesto manos a la obra. No sólo ha remitido misivas a las comunidades autónomas incumplidoras reclamando más medidas. También ha impuesto un cierre contable a todos los gastos nuevos no comprometidos de los Ministerios. Y ahora ha aprobado la retención de las entregas de dinero mensuales a 139 ayuntamientos. El motivo: no haber entregado las liquidaciones de sus cuentas de años anteriores o las de sus empresas públicas.
Por lo general, los municipios con sus fondos congelados son ayuntamientos más bien pequeños, localidades como Tarifa, Grazalema, Barbate, Villaconejos, Moratalla, Puerto Lápice, Trillo, Sacedón o Fuendetodos... Así hasta 139 municipios de 32 provincias distintas y de todas las comunidades salvo Navarra, País Vasco, Canarias (por sus regímenes especiales) y Asturias. Pero es un indicio inequívoco de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha puesto firme con la intención de cumplir con los objetivos de déficit fijados por Bruselas.
La Comisión Europea recordó en su dictamen sobre la multa por exceso de déficit que España ya contaba con toda la arquitectura legal necesaria para meter en vereda las finanzas de las administraciones regionales y locales. Tan sólo tenía que aplicar la ley. Hace un mes, Hacienda ya amenazó con sancionar a los consistorios que no entregaban sus presupuestos del ejercicio 2016 en virtud de la Ley de Estabilidad. Incluso ha requerido información sobre aquellas empresas públicas locales que tengan pérdidas con el fin de que presenten alegaciones, entreguen un plan de viabilidad, las financien con las arcas del propio ayuntamiento o, en última instancia, las cierren. Durante las pasadas semanas, ha remitido también cartas a los gobiernos autonómicos en las que exige ajustes, retenciones y cierres del gasto.
Y ahora se ha acogido a la Ley de 2011 de Economía Sostenible para retener la financiación mensual “por incumplimiento de la obligación de comunicar la liquidación del presupuesto”. Según reza el artículo 36 de dicha ley, “en el supuesto de que las entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio (...), la Secretaría General de Coordinación Autónomica y Local procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la regularización de la citada remisión, así como la de las liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de aplicación la presente normal, el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos, liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda”.
Es decir, la legislación establece que Hacienda puede cerrar el grifo del dinero que reciben mensualmente los municipios por su participación de los ingresos tributarios del Estado. Y eso mismo ha aplicado Hacienda siguiendo el texto de la ley al pie de letra, tal y como se desprende de un informe de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. De acuerdo con la normativa, el pago de las entregas a cuenta y de las cantidades retenidas sólo se reanudará cuando se remita la información presupuestaria. Mientras tanto, estas cantidades permanecerán ingresadas en la cuenta de acreedores no presupuestarios habilitada en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Entre las comunidades con más entidades locales incumplidoras destacan Castilla-La Mancha y Castilla y León, sobre todo porque abundan los consistorios con escasa población. Por provincias, Cuenca aglutina 21 poblaciones, seguida de Zamora con 14, Zaragoza con 10 y Burgos con 9.
El consumo público crece la mitad que el año pasado
Otra señal de que el control de las finanzas se ha convertido en una prioridad de los Ministerios se aprecia en las cifras de consumo público. De acuerdo con estos datos recogidos por el INE, el crecimiento del consumo público en el primer semestre cayó a la mitad de lo que avanzaba el año pasado. Mientras que en el segundo semestre de 2015 sumaba un 3,6% respecto al mismo periodo del año anterior, este año sólo avanza entre enero y junio un 1,8%. En términos absolutos, si el año pasado el gasto crecía en 3.195 millones de euros en los seis primeros meses, ahora aumenta en el mismo plazo prácticamente la mitad: 1.747 millones de euros. Lo que sitúa esta partida en un total de 105.047 millones de euros.
Hacienda achaca estas cifras a la reducción de los consumos intermedios y a la moderación del gasto en salarios. O lo que es lo mismo: al recorte del gasto corriente y al freno a la expansión del empleo público que se inició en cuanto se acercaron los periodos electorales.
Estos números aún no contemplan en toda su extensión los recortes del gasto de los Ministerios que se aprobaron a finales de abril, los cuales han tardado en concretarse. Y por supuesto no tienen en cuenta el cierre contable de todos los nuevos gastos no presupuestados que decretó Hacienda en julio para contentar a Bruselas. Aún así, la Comisión prevé que el Gobierno cierre el año con el déficit en el 4,6%, lejos del 2,8% que recogía cuando elaboró sus presupuestos. No obstante, el problema consiste en rebajar el déficit el año que viene del 4,6% hasta el 3,1% que exige Bruselas. Unos 15.000 millones de los que sólo cerca de 6.000 millones se podrían obtener por la mejora de la economía.
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