El Gobierno adelanta el cierre del gasto para contentar a Bruselas

Ni un euro más que no esté comprometido. En plena negociación con Bruselas sobre la multa por haber incumplido la meta de déficit en 2015, el Gobierno ha ofrecido un sacrifico en el altar de la austeridad exigida por Europa: ha adelantado el cierre contable al 20 de julio aprobándolo en el Boletín Oficial del Estado de este mismo sábado. Justo cuatro meses antes de lo que solía hacer. Lo cual significa que la Administración central no iniciará ningún nuevo gasto salvo aquel que se apruebe expresamente en el Consejo de Ministros o esté recogido en la ley.

Por supuesto, esta orden no afecta a pagos como los salarios, las pensiones, las prestaciones de desempleo, la luz, el agua, los contratos de limpieza y seguridad o las amortizaciones de deuda. "Los compromisos ya asumidos se podrán abonar hasta el 30 de diciembre", subraya el Ministerio de Hacienda. 

La iniciativa estaba recogida entre las propuestas avanzadas a la Comisión Europea con tal de evitar un castigo severo que podría alcanzar los 2.000 millones de euros y la congelación de los fondos comunitarios. Pero el Gobierno se ha dado prisa en tramitarla como señal de buena voluntad. “Se adelantan los plazos de tramitación de las operaciones anteriores ante la necesidad de hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las consecuencias que podrían derivarse en caso de incumplimiento hacen necesaria la adopción de medidas que permitan satisfacer las recomendaciones europeas”, reza la disposición del BOE que aprueba la norma.

En estos momentos, se baraja que el Ejecutivo comunitario imponga a España una sanción económica mínima que no penalice la consolidación presupuestaria que se busca. Pero eso sí: propinando un buen tirón de orejas mediático que ponga en evidencia al Gabinete de Mariano Rajoy. 

Respecto al impacto e implicaciones de esta estrategia, fuentes de la Administración discrepan. Algunas indican que con un Gobierno en funciones se antoja difícil que se dispare mucho el gasto. El propio ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, valoró el hipotético ahorro en unos 1.000 millones de euros.

Sin embargo, otras fuentes consultadas sostienen que se trata de "un parón en toda regla de la Administración central" para tener bien atado el presupuesto. No se va a autorizar o comprometer ningún nuevo desembolso. Los distintos servicios gestores tendrán hasta el 28 de julio para remitir autorizaciones de gasto y hasta el 8 de agosto para dar entrada a compromisos de desembolsos. En unos pocos días, se rechazará el pago de cualquier obligación que no se haya contraído ya. Sobre todo servirá para que los departamentos no intenten hacer uso de los remanentes que tengan sin lanzar o asignar. 

En el fondo, la medida puede implicar que se bloqueen inversiones, obras, compras de material o eventos cuyas facturas podrían desplazarse al año que viene. No obstante, Hacienda insiste en que se actúa sobre las fases iniciales de autorización y compromiso del gasto, impidiendo que se generen facturas pendientes de abono.