Alemania cierra por tercer año consecutivo un presupuesto equilibrado

Alemania no solo quiere que sus socios europeos ajusten sus cuentas públicas. La mayor economía del continente también se aplica a sí misma la política de ahorro. Por tercera vez consecutiva, el Gobierno está a punto de cerrar un presupuesto equilibrado. El rechazo a asumir nuevas deudas se ha convertido en el eje de la política económica en esta tercera legislatura de Angela Merkel. Y el borrador de las cuentas para 2017 incluye también el principio que los alemanes llaman “cero negro”.

La buena coyuntura económica facilitada por los bajos precios del petróleo y las medidas expansivas del Banco Central Europeo han permitido alcanzar este objetivo pese a que la crisis migratoria ha hecho que el Gobierno prevea gastarse el próximo año unos 19.000 millones de euros.

Organismos como el FMI, la OCDE y el BCE o diversos think-tanks económicos llevan tiempo reclamando a Alemania un mayor gasto en inversiones. Es esta una necesidad palpable, por ejemplo, en las infraestructuras, sobre todo en las de algunas zonas del oeste del país. Estas inversiones crecen –las de transporte, por ejemplo, un 25% desde el inicio de la legislatura-, pero no tanto como algunos economistas recomiendan. Y esta contención es la que ha permitido que los gastos y los ingresos públicos (unos 329.000 millones de euros) se igualen un año más.

El presupuesto de 2015 fue el primero que Berlín cuadraba desde 1969. El Ministerio de Hacienda se compromete ahora a mantener ese objetivo al menos hasta 2020; y llevar ese mismo año la deuda pública por debajo del 60% del PIB, siguiendo los criterios de Maastricht. Berlín quiere mostrar así el camino al resto de socios europeos. “El tener unas finanzas públicas saneadas no es un fin en sí mismo, sino que sirve para prepararse para el futuro teniendo en cuenta el cambio demográfico”, aseguran fuentes del Gobierno, que se ponen como ejemplo para demostrar que es posible consolidar las cuentas y, al mismo tiempo, fomentar el crecimiento económico.

La crisis de los refugiados y las amenazas a la seguridad -tanto interna como externa- quedan reflejadas en estos Presupuestos. Amplían por una parte las partidas destinadas a integrar a los solicitantes de asilo y a la política de desarrollo, y también la que va al Ejército –que recibe 1.700 millones suplementarios hasta llegar a los 36.600- y a la policía. La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, anunció hace unos meses sus planes para gastar en armamento 130.000 millones de euros a lo largo de los próximos 15 años. Para ello es necesario eliminar un tope al gasto en equipamiento militar impuesto en la reforma del Ejército de 2011.