Una tortuga persigue a los galgos

No llegan a una décima del PIB, pero 840 millones son una cantidad notoria. Y suponen en torno al 8,6% de la recaudación obtenida por la lucha anti-fraude fiscal en 2015.

Así que como todo cuesta mucho, sean generosos, reconozcan que eso es bastante mejor que nada. Quizá ese avance mejore la adormecida conciencia fiscal española.

Esta solo se despierta a borbotones. Ante los anuncios sobre la elusión fiscal de las multinacionales, como la razzia de anteayer en la sede parisina de la Google, que pagó cinco millones de euros tras facturar 225 millones.

O ante los big names pillados en paraísos fiscales, Panamá, Suiza, Jersey. O ante expedientes a políticos por declaración incorrecta -como Aznar-, o por presunta ilegalidad, como Rita Barberà o Francisco Granados.

Reconocido el mérito, no ha lugar a tañer campañas de júbilo, lo que quizá se pretendía para amortiguar la indignación antievasión fiscal. Porque la norma del modelo 720 sobre declaración de patrimonios en el exterior en la que se basa esta última colecta está en entredicho, puede ser efímera. Bruselas la cuestiona, pues sanciona con más dureza al dinero expatriado que al interno, y porque considera que el carácter imprescriptible de esas deudas fiscales es exorbitante.

Seguro que alberga razón jurídica. Pero menos sensatez impositiva, que rechaza acremente la evasión transfronteriza. Si el Gobierno piensa así, lo que se supone pues es autor de la norma cuestionada, ¿por qué no se defiende proponiendo cambiar la directiva europea, y endurecerla, en vez de rebajar la legislación española para adecuarla a aquella?

Además de (seguramente) efímero, el logro es muy relativo. Sobre todo si se compara con el anuncio (21/4/2015) del director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, sobre la futura cosecha del 720: los datos, prefiguró, "son la repera, la repera patatera".

No lo son, sobre el conjunto del fraude fiscal: desde 2012 la AEAT ha recaudado por este concepto -cuatro años- unos 52.000 millones de euros, bastante menos que los 60.000/70.000 millones -anuales- en que se estima la defraudación fiscal, por una economía sumergida superior al 20% del PIB.

La causa de ese magro resultado es que la AEAT va a pedalín, es una tortuga persiguiendo galgos. Prima la investigación de lo declarado en vez de lo ignoto; prima a sus inspectores por lo cobrado y no lo descubierto; carece de planes contra la corrupción político-administrativa (Verdades y mentiras sobre el fraude fiscal, testimonio del inspector José Maria Peláez, 5 Días, 25/4/2016). Y cobra solo quizá 96 millones a las multinacionales elusoras, contra los centenares de los países vecinos.

Otra razón es el fiasco de la última reforma fiscal, que dejó múltiples agujeros. Solo las exenciones, deducciones y desgravaciones totalizan un 25% de lo recaudado, 51.000 millones: casi los 58.000 millones que suma el déficit. Si se suprimieran (suelen reflejar presiones de las rentas de posición) luciríamos casi superávit. O sea, adiós a los recortes sociales.