El juicio contra 45 exsocios de PWC pendiente de un pacto con el fiscal

La Audiencia Nacional prevé celebrar este martes 12 de abril, tras varias suspensiones, el juicio por fraude fiscal contra 45 exsocios españoles de la auditora PriceWaterhouseCoopers (PWC), que supuestamente no declararon a las haciendas estatal y foral vasca un bonus de 20,9 millones de euros procedentes de la venta, en el año 2002 del negocio mundial de consultoría PwC Consulting a la empresa norteamericana IBM. La Fiscalía Anticorrupción pide para los acusados penas que oscilan entre los dos y los 14 años y diez meses de prisión.

El ministerio público solicita las condenas más altas para Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de la auditora en España; José María Tajadura Garrido -administrador solidario de PWC Consulting y responsable de Operaciones en España en el momento de la venta-; y para César Rodríguez Ramos, que fue socio responsable de la División Fiscal y Legal de PwC. Para los tres reclama la imposición de multas por más de 102 millones de euros.

Fuentes jurídicas apuntan que la mayoría de los acusados prevé acogerse a un acuerdo de conformidad con las tesis de la fiscalía, por el que obtendrían una rebaja en la condena a cambio de reingresar la cantidad supuestamente defraudada a las arcas públicas.

Según el ministerio público, antes de que en octubre de 2012 se produjera la venta de PwC Consulting por 3.500 millones de dólares (3.067 millones de euros al cambio actual) los acusados realizaron operaciones para ocultar al fisco el cobro de bonus y evitar la correspondiente retención fiscal por rendimientos del trabajo. La filial española de PwC Consulting estaba valorada en unos 40 millones de euros.

En esencia, la supuesta operativa defraudatoria consistió en realizar operaciones por las que los entonces socios figuraban como propietario directos de la consultora que se iba a vender. Al cobrar ellos directamente por la venta y llevar muchos años de antigüedad como socios, la plusvalía no tributaba. Que fueran los socios los vendedores permitía eludir también el Impuesto de Sociedades, según el fiscal.

Hace un año, el 20 de abril de 2015, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional trató de celebrar el juicio. En aquella ocasión, la fiscalía retiró la acusación contra 12 de los exsocios de PwC al entender que la cuota defraudada era inferior a los 120.000 euros que configuran el límite del delito fiscal.

PwC emitió en su día varios comunicados negando rotundamente las acusaciones y subrayando que no hubo ocultación ni defraudación alguna. A su juicio su actuación fue “absolutamente correcta y ajustada a derecho” y las acusaciones de la fiscalía “no se corresponden con la realidad”.