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La Autoridad Fiscal augura un déficit superior al 4% frente al 2,8% del Gobierno

La Airef considera que el gran problema es la Seguridad Social y no las autonomías

Comparecencia de Jose Luis Escriva, en el Congreso.
Comparecencia de Jose Luis Escriva, en el Congreso.

En un tono duro con el Gobierno, José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y su equipo desgranaron sus cálculos sobre el déficit público de 2016 que auguran será "superior al 4%". Esto supone que este organismo espera que este año se gaste unos 43.000 millones más de lo que se ingresa, frente a los 30.000 millones que ha prometido el Ejecutivo. Además, corrigieron al Gobierno también por "demonizar" a las comunidades autónomas como culpables del deficit, cuando "el verdadero problema es la Seguridad Social que tendrá una desviación superior al 1,3% del PIB y no del 0,3%" como ha señalado el Ministerio de Hacienda, apuntó Escrivá. En su opinión, España no recuperará "su soberanía hasta que no reduzca el déficit al 3% y cumpla los acuerdos pactados con Europa".

La AIReF no ahorró duras críticas este miércoles al Gobierno por no haber seguido sus recomendaciones cuando ya en 2014 avisaba del riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit público. "En junio del año pasado apuntamos al 5% como déficit y ha sido el 5,2%. El principal motivo no ha sido tanto los discutibles fallos de deseño que pudieran existir como la falta de aplicación de las herramientas que la normativa pone a disposición de los Gobiernos", afirmó Escrivá.

En teoría, España debería ajustar su déficit público en 2,4 puntos porcentuales en 2016 sobre el año anterior para pasar del 5,2% al 2,8%. La AIReF ha estima un crecimiento de la economía del 2,4%, que en 2016 no habrá operaciones extraordinarias por el 0,4% que sí hubo en 2015, creen que la recuperación cíclica y la reducción de tipos seguirán empujando los ingresos, pero su previsión es que el agujero entre ingresos y gastos acabe entre el 3,8% y el 4,6%. En cualquier caso, muy lejos del 2,8%.

Si se cumplen los cálculos de la AIReF, significa que quien Gobierne en 2016 debería hacer un ajuste adicional de más de un punto porcentual adicional para cumplir los objetivos.  En dinero significa unos 13.000 millones de euros que habría que ajustar a golpe de medidas y contando con un mejor comportamiento de las administraciones.

La causa principal del problema es el déficit desbocado de la Seguridad Social, mucho más que el nuevo incumplimiento de las comunidades autónomas, que no podrá verse compensado por los esfuerzos del Estado y de los ayuntamientos. Ello exigirá, según el organismo, renegociar con Bruselas una nueva senda de consolidación fiscal.

La Seguridad Social, que este año debería reducir su déficit desde el 1,3% del PIB al 0,3%, acabará con desfase de entre el -1,5% del PIB hasta el -2%. La directora de Análisis Presupuestario, Cristina Herrero, recordó que en 2015 estaba previsto que la Seguridad Social tuviera 110.000 millones de ingresos, "pero tuvo 100.000 millones. En 2016 está presupuestado que llegue a los 117.000 millones. No parece un dato realista". Este organismo aconseja que se tape este agujero con cargo a los Presupuestos o vía impuestos. "En cualquier caso se debería reunir cuanto antes el Pacto de Toledo para atacar este asunto. El Fondo de Reserva seguirá cayendo este año y el próximo", auguró Escrivá.

Además, el organismo cuenta este año con unas menores transferencias al Servicio Público de Empleo (SEPE) y, por si fuera poco, los ingresos de la Seguridad Social se están viendo afectados por un entorno de baja inflación, puesto que hace que las bases de cotización se mantengan contenidas y que los ingresos por cotizaciones no aumenten.

Nuevas reglas para las Comunidades Autónomas

Por otro lado, las comunidades autónomas también volverán a incumplir el objetivo de déficit este año, ante la obligación de reducirlo 1,4 puntos porcentuales, desde el 1,66% del PIB al -0,3%. La mitad de este ajuste vendría dado por los mayores recursos vinculados al sistema de financiación autonómica, y otras dos décimas por la eliminación de gastos no recurrentes que se produjeron en 2015.

En este punto, el organismo cree que la aplicación estricta de la reglo de gasto impuesta por el Gobierno a las comunidades autónomas -que impide un incremento del gasto por encima del crecimiento potencial de la economía, del 2,8%-- reduciría hasta cuatro décimas su déficit, lo
que permitiría el cumplimiento, pero ha avisado de que "en sí misma no es una medida, porque requiere concreción de las partidas de gasto".

En concreto, las previsiones de la AIReF apuntan a que sólo seis comunidades autónomas podrían cumplir el objetivo de déficit en 2016: Andalucía, Canarias, Galicia, Asturias y La Rioja. Además, ve un riesgo de cumplimiento moderado en Navarra y Baleares. El riesgo elevado se observa en Cantabria,
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. Finalmente, la organización ve prácticamente imposible que cumplan Cataluña, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón.

En este capítulo, desde la AIReF se ha insistido en "no demonizar" de forma generalizada a las comunidades autónomas, y ver caso por caso el por qué de los incumplimientos, incluso volver a plantear objetivos de déficit asimétricos. Además, destacó que han sido muy disciplinadas y transparentes en enviar la información requerida por la Autoridad Fiscal.

Por su parte, el Estado, que debe ceñirse a un déficit del 2,2% del PIB este año, los vientos de cola vendrán de la menor carga por intereses y el mejor comportamiento de los ingresos tributarios. Los ayuntamientos previsiblemente volverán a registrar un superávit frente al equilibrio previsto, aunque con cierta moderación de este margen positivo.

Renegociar con Bruselas

Ante esta situación, desde AIReF se cree que el Gobierno no tendrá más remedio que renegociar con Bruselas una nueva senda de cumplimiento del déficit, pero tratando de hacer los deberes en la medida de lo posible en las administraciones con desviaciones, en tanto que los ayuntamientos ya cumplen y el Estado ya casi no tiene margen para el recorte de gastos.

Asimismo, Herrero señaló que no queda tiempo para que las comunidades autónomas recorran todo el camino de plazos y requerimientos que, a su juicio, debía haber comenzado mucho antes.

Una deuda de 17.000 millones desde los años noventa

El informe que la Seguridad Social ha remitido al Pacto de Toledo para su discusión recoge de nuevo la vieja deuda que el instituto previsor mantiene con Hacienda desde los años noventa. Asciende a 17.168 millones y no generan intereses.

Esta deuda se acumuló hace unos 20 años, procedente, sobre todo, del gasto sanitario y de las pensiones que precisan complemento de mínimos que entonces se asumía con cargo a cotizaciones sociales.

La Seguridad Social admite en el informe que resolver estos préstamos ayudaría a aclarar las relaciones patrimoniales entre el Estado y el instituto previsor, ya que desde que se generaron estos créditos, diferentes presupuestos anuales han ido estableciendo sucesivas prórrogas para que la situación se mantenga.