Competencia abre expediente para sancionar al sector del cable eléctrico
El órgano supervisor cree que varias empresas podrían tener un acuerdo para la fijación de los precios y las condiciones comerciales
La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra la Asociación Española de fabricantes de cables, conductores eléctricos y de fibra óptica (Facel) y las empresas empresas Amara y su matriz Iberdrola, Cabelte Incasa Industria Navarra de Cables y su matriz Cabelte – Cabos Eléctricos e Telefonicos, Comaple y su matriz Oteinver, Grupo General Cable Sistemas y su matriz General Cable Holdings Spain, Miguélez y su matriz Grupo Miguélez, Negocios Industriales y Comerciales, (NICSA) y su matriz Abengoa, Productos Eléctricos Industriales, Prysmian Spain y su matriz Draka Holding y Top Cable por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de fabricación, y distribución de cables eléctricos de baja y media tensión.
El supervisor considera que estas empresas habrían alcanzado supuestamente acuerdos para la fijación de precios y condiciones comerciales, así como en el reparto de contratos en el marco de licitaciones convocadas en el territorio español.
Durante el verano del año pasado, el Competencia inspeccionó las sedes de varias empresas y de una asociación del sector de la distribución y venta de cables eléctricos de baja y media tensión. Los funcionarios del supervisor encontraron indicios de que las sociedades podrían estar vulnerando la Ley de Competencia. La apertura del expediente sancionador "no prejuzga el resultado final de la investigación". La CNMC abre ahora un periodo máximo de 18 meses para instruir el expediente y resolverlo.
"La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la nueva CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados", apunta el supervisor en un comunicado difundido este lunes.
Competencia recuerda que cuenta con el programa de clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba para detectar o resolver un caso.
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