El cambio climático como arma electoral

Esta semana ha comenzado la Cumbre del Clima en París. Al tiempo, Abengoa, una de las empresas emblemáticas del panorama medioambiental nacional, se debate en una crisis peligrosa, motivada en parte por los cambios regulatorios en el sector energético aprobados por el Gobierno, al que demandó en la corte internacional de arbitraje.

Por ambas cosas, el asunto del cambio climático se ha colado como un arma afilada en una campaña electoral centrada en una previsible revolución en el arco parlamentario y una pelea entre los partidos tradicionales y los emergentes. Está claro que existe el convencimiento de que los riesgos que se ciernen sobre el planeta deben formar parte de sus mensajes electorales. La economía verde forma parte de los programas de los grupos que se presentan a las elecciones de una manera nítida. Lejos quedan los días en los que Rajoy, aconsejado por su primo, mostraba su escepticismo sobre este grave asunto.

En este contexto, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció, en un desayuno informativo el miércoles, el compromiso con la lucha contra el cambio climático y con un progreso sostenible y equilibrado, que devuelva al medioambiente el lugar económico y moral que le corresponde. Por ello, es uno de los cinco puntos de la Agenda para la Recuperación Real del PSOE.

Cambio de patrón

Para los socialistas, “la recuperación económica y el desarrollo futuro deben pasar por un cambio en el tradicional patrón de crecimiento, hacia premisas de mayor eficiencia en la producción y consumo de recursos que reduzca la dependencia de las energías fósiles y faciliten una recuperación económica sostenida, generando prosperidad y empleo”. El objetivo es reducir la intensidad energética de al menos un 2% anual.

Gane quien gane, lo que parece inevitable es que el futuro Parlamento debatirá la creación de una ley de Cambio Climático y Transición Energética, como plantea el PSOE, que impulse el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos para el desarrollo sostenible. A lo mejor tiene sentido que, siguiendo a Suiza o Reino Unido, el Banco de España elabore un informe anual sobre la exposición de la economía y el sector financiero a los riesgos climáticos.

En esta línea, se propone la creación de una comisión que desarrolle escenarios progresivos de escenificación que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual que se remitiría al Parlamento. Esta memoria informaría sobre los progresos en la transición energética y hacia una economía libre de emisiones, así como la resistencia a los efectos del cambio climático.

Gane quien gane, parece inevitable que habrá una nueva regulación climática

La pelea se va a centrar, sin duda, en cuestiones polémicas, como el futuro de las nucleares, el fracking, las prospecciones de gas y petróleo y las energías renovables. Sobre nucleares, el debate está en su cierre al final de su vida útil, empezando por la clausura definitiva de Garoña, como pide la izquierda, así como la revisión de la decisión sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, sobre la que el Gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE) ha hecho casus belli. También es conocida la posición sobre las prospecciones y fracking tras las experiencias de Canarias y del norte, en uno y otro caso.

Y en cuanto a las renovables, desde la izquierda, el PSOE ya ha adelantado que derogará “las normas retroactivas” y restaurará la seguridad jurídica con un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala, que permita el desarrollo del autoconsumo. Es decir, eliminar el llamado Impuesto al Sol contenido en el decreto del autoconsumo energético para avanzar en la descentralización de la generación eléctrico, lo cual constituirá una gran fuente de empleo y desarrollo tecnológico.

Otra de las cuestiones será la creación de un fondo para la transición energética, alimentado con parte de los ingresos tributarios que se logren con los nuevos impuestos medioambientales que se barajan (a las emisiones de CO2 o de NOx, residuos). Esto formaría parte de una respuesta fiscal coherente, que además persigue reformar el impuesto especial sobre hidrocarburos, el impuesto especial sobre la electricidad y el canon de vertidos.

En el fondo, las promesas electorales llevan a plantear como líneas básicas el ahorro y la eficiencia energética en los hogares, la bonificación en el transporte público, la garantía de un mínimo consumo de electricidad a precio bonificado, la movilidad limpia en los sectores de la logística y transporte, el acceso al crédito para pymes y sector residencial, de personas y mercancías, el impulso de vehículos híbridos y eléctricos, la restricción de coches privados a las grandes ciudades, cero emisiones para todas las nuevas viviendas, el impulso masivo a la rehabilitación sostenible de edificios y llevar a cabo una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica.