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1.000 empresas suman casi cuatro millones de fraude en la formación

El Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en el uso que las entidades hacen de los fondos para la preparación de sus trabajadores

Formación bonificada

El Tribunal de Cuentas ha detectado que al menos 1.064 empresas inflaron sus créditos máximos de formación en más de 1.000 euros en 2012. Entre todas suman una bonificación “indebidamente aplicada” de 3.987.721 euros. El Pleno del este organismo ha aprobado este martes el Informe de Fiscalización de la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores, con cargo a las cuotas de formación profesional, que da cuenta de distintas irregularidades.

El documento, cuyo borrador adelantó EL PAÍS, fiscalizaba por primera vez uno de los ángulos de la formación a trabajadores, la que contratan directamente las empresas para sus empleados con cargo a la Seguridad Social. En esa evaluación, como reflejó este diario, denuncia que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no realizó “ningún informe específico” para comprobar qué impacto tiene esta formación “en el mantenimiento del empleo y en la mejora de la competitividad”. La evaluación a este tipo de formación, a la que se destinaron 571 millones de euros el año pasado, es una obligación legal desde 2007.

El informe también resalta que hay empresas que siguieron recibiendo las ayudas después de usar “de forma indebida” los fondos en ejercicios anteriores. Una de ellas, de la que no ofrece datos más concretos, tiene pendiente la devolución de 1.454.465 euros.

El Tribunal considera también que algunas entidades incrementaron “de forma injustificada” los costes facturados a las empresas bonificadas. Y otras deficiencias como no comunicarlo a la representación legal de los trabajadores o no identificar a los empleados beneficiarios de la formación ni los plazos en los que la realizaron.

La institución recomienda en su informe, según recuerda el Tribunal en una nota de prensa, que se aumente el control sobre los grupos formativos. Al SEPE le pide que, en coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social, adopte las medidas necesarias para evitar que las empresas aumenten sus bonificaciones por encima del crédito disponible. Y a la Fundación Tripartita, la entidad que colabora con el SEPE en la formación, le solicita más control “a través del sistema telemático cuya gestión tiene encomendada” sobre las empresas que han inflado sus bonificaciones.

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