Montoro encarga investigar los 1.300 millones que Cataluña no contabilizó

Una comisión de técnicos del Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Intervención General del Estado (IGAE) están investigando porqué la Generalitat de Cataluña no había informado sobre facturas por importe de 1.318 millones de euros sin contabilizar, según anunció este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este gasto se corresponde con "contratos de participaciones público-privados de hace más de una década" para la construcción de carreteras y centros penitenciarios, que fueron destapados hace un mes por Eurostat, la oficina estadística europea, al revisar las cifras presupuestarias de las Administraciones Públicas españolas.

La minitroika, formada por el INE, el Banco de España y la Intervención, informará de sus conclusiones a Eurostat. Estos gastos no estaban reconocidos en la Contabilidad Nacional, el estándar contable establecido por Bruselas, lo que ha generado una nueva polémica entre Hacienda y la Generalitat.

El anuncio de Montoro de que investiga el origen de estas facturas tensó aún más las relaciones entre el Gobierno central y los responsables de la Generalitat, en medio del pulso secesionista que se libra en Cataluña.

"Es una de las circustancias escepcionales que concurren sobre Cataluña que han llevado al Gobierno a exigir unas condiciones adicionales a la Generalitat del uso del resto de su Presupuesto que deben ajustarse a los criterios de legalidad y Constitucionalidad", advirtió el titular de Hacienda.

Cumplir las condiciones

El Ejecutivo popular aprobó el pasado viernes una nueva inyección de liquidez a Cataluña por 3.034 millones de euros para pagar sus facturas pendientes y financiar los gastos derivados de las vacunas contra la hepatitis C. No obstante, estos créditos, concedidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), están sujeto a una severa condicionalidad para estrechar el control sobre las cuentas catalanas para evitar que las ayudas del Estado se destinen a "veleidades independentistas", según precisó el ministro el viernes pasado.

"Vamos a exigirle a la Generalitat que cumpla las condiciones cuanto antes para poder hacer el desembolso para que los proveedores puedan cobrar cuanto antes", agregó el ministro. Las condiciones que exige Hacienda supone tener acceso a toda su información financiera, entre otras cuestiones. Las palabras del ministro provocaron la reacción de los principales líderes independentistas, que le acusaron de "castigar" a Cataluña.

Ademas, Hacienda puso en marcha este lunes un correo electrónico para que los funcionarios catalanes puedan consultar e informar sobre las dudas de legalidad de actuaciones que se les exijan por el pulso independentista. Este mecanismo también está abierto para otras autoridades y a terceros que pudieran verse afectados por la validez de un acto administrativo.