El juez Andreu aprecia delito en los pactos de precios de las petroleras

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite dos querellas contra las principales compañías petroleras que operan en España por pactar los precios del combustible en perjuicio de los consumidores. El magistrado, en una resolución firmada el pasado 3 de septiembre, considera que Cepsa, Repsol, Galp, Meroil y Disa, que aglutinan el 75% del mercado de carburantes español y el 68% de las estaciones de servicio, se aliaron para alterar los precios de la gasolina, en contra del principio de libre competencia. Andreu tomará declaración, en una fecha aún por determinar, a los máximos responsables de las empresas como imputados por un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

El sindicato Manos Limpias y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, de Alicante, se querellaron contra las petroleras y contra sus dirigentes, después de que una investigación de la extinta Comisión Nacional de la Competencia apreciara indicios de un pacto ilícito en los precios de venta al público del combustible. El organismo supervisor de la competencia abrió un expediente a las distribuidoras y les impuso una sanción de 32,4 millones de euros el pasado febrero.

Con la admisión de la querella, el asunto pasa del ámbito administrativo al penal. El magistrado recuerda en su auto que Competencia detectó en su expediente un “acuerdo colusorio” de “no agresión en precios” entre estaciones de servicio de Cepsa y Repsol entre los años 2011 a 2013 en Brea de Aragón y Illueca (Zaragoza).

Competencia también detectó acuerdos ilícitos entre Cepsa y Disa entre julio y septiembre de 2011 y en julio de 2013 para fijar los precios del combustible en la ciudad autónoma de Ceuta; entre Disa y Meroil en 2012 para las gasolineras de Sant Joan Despí (Barcelona), y un intercambio de información entre Galp y Meroil en mayo de 2013.

Andreu considera, de acuerdo con las entidades querellantes, que de los expedientes abiertos por Competencia se derivan “indicios suficientes” de un delito de maquinación para alterar los precios. El magistrado constata “la existencia de pactos ilícitos en perjuicio de los consumidores, mediante la alteración de los precios que hubieren resultado de la libre competencia entre las diferentes operadoras en el mercado de venta de combustible”.

El juez justifica la competencia de la Audiencia Nacional en que esta “defraudación” pudo producir una “grave alteración en la economía nacional” y un perjuicio “a una generalidad de personas”. Andreu recuerda que en el mercado minorista Repsol, Cepsa, Galp y Disa suman en torno al 68% de las estaciones de servicio y el 72% de las ventas. En el ámbito mayorista de carburantes, estas compañías suponen el 75% del mercado”.

El magistrado tiene previsto citar como imputados al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; al presidente de Cepsa, Khadem Al Qubaisi; al consejero delegado de Disa, Raimundo Baroja y al presidente ejecutivo de Meroil, José Luis Porte.