“Hay que seguir con la transparencia para recuperar la credibilidad”

La crisis de Banca Privada d’Andorra (BPA), acusada por el Tesoro de Estados Unidos de favorecer el blanqueo de capitales procedente del crimen organizado, puso en jaque el sistema financiero andorrano. El supervisor tuvo que intervenir la entidad para evitar el efecto contagioal resto de bancos. Tres meses después, el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, asegura que “la plaza está muy estabilizada”. Las autoridades preparan la creación de un banco con los activos sanos de BPA para luego venderlo en una subasta abierta a grupos internacionales.

P. ¿Cuál es el calendario para la venta de BPA?

R. No es posible decirlo con exactitud. Primero hay que acabar el análisis de todos sus clientes. El proceso de resolución es distinto a los vividos en España. En BPA no hay activos tóxicos, sino la sospecha de que una serie de cuentas operaban desde la ilegalidad con voluntad de blanquear dinero, lo que abrió la posibilidad de contaminación del conjunto del banco. Eso obliga a analizar todos los clientes y su operativa. El proceso requiere tiempo, pero es imprescindible porque ahora BPA es un banco aislado al que las contrapartes han bloqueado los fondos al temer que si los ponen en circulación puedan contribuir a extender la contaminación.

P. ¿Puede garantizar que el banco bueno solo tendrá activos sanos?

"En BPA no hay activos tóxicos, sino la sospecha de que una serie de cuentas operaban desde la ilegalidad"

R. Será el banco más limpio y mejor analizado. Solo con este proceso los clientes podrán recuperar su dinero. Ante la disyuntiva de ir rápido pero poner en riesgo el dinero o bien ir más despacio para que puedan recuperarlo, solo podíamos decidirnos por la segunda opción.

P. ¿Cuándo levantarán el control de capitales?

R. La Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) prevé finalizar este análisis a mediados de agosto. Hasta entonces debe preparar el nuevo banco y presentar el proceso de resolución a las contrapartes para que desbloqueen las cuentas. Entonces podremos tener la entidad operativa, el libro de venta e iniciar el proceso de subasta.

P. ¿Tienen alguna oferta?

R. No puede haberla formalmente porque es una subasta. ¿Si ha venido alguien a interesarse? Si es así, habrá ido a la AREB.

"El control de capitales se puede levantar a mediados de agosto"

P. ¿Cuál era el riesgo real de contagio al resto del sistema?

R. Objetivamente, muy bajo. El FinCen solo estaba preocupado por una entidad y por una operativa, unas cuentas y unos directivos muy concretos. Pero los mercados financieros se mueven por la confianza, la plaza andorrana es pequeña y convenía ser muy contundente para dar un mensaje claro. No podíamos jugarnos que el mercado pusiera en duda la plaza y la pudiera bloquear en su globalidad.

P. Los auditores certificaban cada año que BPA cumplía en materia de prevención de blanqueo de capitales. ¿La normativa era muy laxa?

R. No, es la que misma que en el resto de países. Hemos hecho cuatro modificaciones legislativas para implementar las recomendaciones de Moneyval y estamos en una fase muy avanzada de la cuarta evaluación. Además, Andorra firmó el acuerdo monetario en 2011 y se incorporó a nuestra legislación todo el acervo comunitario en materia financiera. Lo que ha ocurrido es sencillo: unas personas cometían actividades ilícitas que intentaron enmascarar y al final se constataron. Recordemos que de los cuatro casos denunciados por el FinCen, tres ya estaban judicializados y los supervisores habían pedido a BPA que reforzara procedimientos.

P. ¿Cómo van a enderezar el problema de imagen que ha generado el caso BPA?

"Tenemos el compromiso con la OCDE de realizar el intercambio automático de datos en 2018"

R. Hay que persistir en el camino de la transparencia y la cooperación en los ámbitos del blanqueo de capitales y del intercambio de información fiscal. Tenemos el compromiso con la OCDE de realizar el intercambio automático en 2018 y hemos apostado por una apertura económica junto a un modelo fiscal homologable. A partir de aquí, firmamos convenios para evitar la doble imposición con Francia y España y lo haremos con más estados. Hay que seguir y acelerar más para recuperar la credibilidad.

P. No contribuye a ese propósito que la Comisión Europa haya incorporado a Andorra en su lista de países no cooperantes...

R. No quiero minimizarlo, pero hay que situarlo, porque se mezclan conceptos distintos: cooperación y nivel de presión fiscal. No se puede decir que Andorra sea un país no cooperante. Desde 2003 tenemos un convenio sobre fiscalidad del ahorro con la UE que derivará en un intercambio automático de información.

P. Pero en España sí hay sectores que advierten de que Andorra persigue un modelo de dumping fiscal. ¿Es así?

R. La horquilla de presión fiscal dentro de la UE es muy amplia, en tipos y en deducciones o regímenes especiales. Andorra tiene unos tipos bajos, pero prácticamente no tiene regímenes especiales ni posibilidad de deducciones. Lo que dice la ley de tipos acaba siendo el tipo efectivo. Pero miremos nuestra trayectoria. Hemos hecho un trabajo significativo en poco tiempo. Vamos a centrarlo y a ver qué hay que ajustar para mantener la idea de la homologación.