Puerto Rico mira hacia el sur mientras crecen las dudas sobre su deuda

Puerto Rico atraviesa una de las recesiones más largas del mundo. La economía lleva ocho años contrayéndose y eso ha dejado sus cuentas públicas malparadas. Mientras en Estados Unidos el debate se centra en si se debe rescatar al Gobierno de la isla, sus responsables económicos exhiben con entusiasmo que la isla es un destino ideal para invertir gracias al bilingüismo de gran parte de su población, su pertenencia práctica a Estados Unidos y, sobre todo, su privilegiada fiscalidad. En su búsqueda de inversiones, Puerto Rico ha vuelto su mirada al Sur y trata de presentarse como puerta de entrada a Estados Unidos, como una alternativa a Miami, para España y los países latinoamericanos.

“El éxito nos llevó en algún momento a reducir nuestros horizontes”, señala Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico. “Dejamos de mirar a nuestra propia región. Bastaba con mirar solo al Norte. Estamos superando ese paradigma miope. Llegó el tiempo de integrarnos a la actividad económica de Latinoamérica. Al Norte no vamos a dejar de mirar, por supuesto. Pero la mirada tiene que ensancharse. Es tiempo de reintegrarnos con fuerza a Iberoamérica”, indicó la semana pasada en una conferencia con inversores de EE UU, España, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana, Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela a la que el Gobierno de Puerto Rico invitó a varios medios internacionales, entre ellos EL PAÍS.

Puerto Rico presenta como su gran atractivo una fiscalidad muy ventajosa, con un impuesto sobre beneficios del 4% para empresas industriales y de servicios y con exención de tributación sobre rentas de capital para quienes se hagan residentes. “Puerto Rico ha utilizado históricamente su independencia fiscal de EE UU para atraer y retener capital e inversión a la isla”, explica Carlos Ubiñas, presidente de UBS Puerto Rico.

Pero además, esa fiscalidad ventajosa se da dentro del sistema regulatorio y la seguridad jurídica de Estados Unidos, con el dólar como moneda, pero con mano de obra más barata y con una población que el Gobierno presenta como bilingüe y bicultural. Los graves problemas fiscales de la isla no arredran al secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó Bagué, y a su equipo, que venden con entusiasmo las oportunidades de inversión.

“La puerta de entrada a Estados Unidos no es Miami ni Florida, es Puerto Rico. El Estatuto de Estado Libre Asociado permite a la isla gozar de toda la protección regulatoria de EE UU, pero fuera del sistema contributivo del país, con una gama de incentivos fiscales que reducen el pago de impuestos. Es un lugar serio, no un paraíso fiscal”, indica Bacó.

Algunos de los empresarios y directivos que acudieron a la reunión con inversores admiten el atractivo de la fiscalidad puertorriqueña, pero señalan que para atraer inversiones también se necesitan más reformas en varios ámbitos. Critican que buena parte de la Administración es lenta y burocrática, que la energía es cara, que las infraestructuras deberían mejorar y que no hay suficiente mano de obra cualificada.

Crisis fiscal

Pero son los problemas fiscales los que han atraído la atención internacional y han llevado a que se compare a Puerto Rico con Grecia. El país de 3,7 millones de habitantes tiene más de 70.000 millones de dólares de deuda, aunque el pasivo se dispara a más del doble al contar agencias, organismos y empresas públicas y el déficit actuarial en pensiones. El país tiene el acceso a los mercados casi cerrado. Cuando se le pregunta a Bacó por esos problemas, trata de aislarlos: “Hay una crisis fiscal, pero no de desarrollo económico y de oportunidades. Puerto Rico tiene un gran producto, está lleno de oportunidades e interés”, indica el secretario en una conversación con EL PAÍS.

Aunque no es competencia de Bacó, no escurre el bulto y parece apuntar hacia una reestructuración de la deuda: “Somos un país cumplidor. Tenemos en nuestra constitución que pagamos nuestras obligaciones. Es un tema que tiene soluciones porque los acreedores lo que quieren es certeza y en su momento van a estar dispuestos a ver cómo se pueden reevaluar los momentos de pago de esa deuda y establecer unos términos de pago más razonables sin que ello signifique que dejemos de pagar el principal. Tenemos serios problemas, pero sabemos las soluciones y tenemos la voluntad. No va a ser fácil, nos va a dar trabajo, pero lo vamos a lograr. Necesitamos tiempo y espacio para reestructurar”.

Esta semana, el legislativo ha aprobado un aumento del impuesto sobre las ventas. Aunque el objetivo último es desarrollar un impuesto sobre el valor añadido (IVA), esa medida es un balón de oxígeno para las cuentas públicas puertorriqueñas. También ha logrado atraer inversiones para su endeudada eléctrica pública.

Mientras, en Washington se discute sobre la posibilidad de una reestructuración de la deuda de organismos y empresas públicas puertorriqueñas, en principio, vetada al Estado Libre Asociado. Hay una batalla de lobbies. La Coalición para la Estabilidad Fiscal, un grupo de interés liderado por políticos y empresarios puertorriqueños, con apoyo de gestores de fondos estadounidenses, promueve una iniciativa para legalizar esas reestructuraciones de deuda como la única forma de evitar un rescate de todo el Estado. Enfrente, otro grupo de fondos con posiciones en deuda de empresas y organismos puertorriqueños, se opone a la posibilidad de reestructuración de la deuda liderados por la asociación 60 Plus, que asegura: “No se equivoquen: permitir la protección por bancarrota [para agencias y empresas públicas] a Puerto Rico no es una forma de evitar un rescate. Es un rescate”.