Directivos del carbón cotizan como mineros para lograr prejubilarse antes
Hijos del jefe de la minería Viloria figuran como vigilantes en la Seguridad Social La empresa justifica que les da seguridad porque a veces bajan al pozo
José Antonio Lamelas Pombriego es, a efectos del registro, apoderado de la mina de carbón Hijos de Baldomero García SA, en León. Sin embargo, para la Seguridad Social es un minero de primera, según documentos a la que ha tenido acceso este diario. Esto último le permitirá prejubilarse con unos 50 años con cargo al Ministerio de Industria.
José Antonio es hijo de Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio de León y uno de los mayores empresarios del carbón. Otros dos hijos que han tenido cargos en sus empresas están ya prejubilados de la minería con 50 y 49 años y un cuarto cotiza como trabajador de interior. La empresa justifica que así da más seguridad a sus trabajadores por si hay un accidente.
Lamelas Viloria, un tipo impetuoso, de 79 años y de tradición minera, defiende esta práctica. “Mis hijos han pisado mucha mina. De siempre han estado con el carbón. Claro que tienen derecho”, explica en un despacho de Valladolid. Enseña una leve mancha negra en su mano, “es carbón incrustado”, y saca su carné de manejo de explosivos de 1968: “No todo el mundo viene de una estirpe minera de 112 años”.
El régimen de la minería establece una serie de coeficientes para que los mineros de interior se puedan prejubilar antes que otros trabajadores por trabajar en “circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad”. Fue aprobado en 1984 por la dureza del trabajo y para ir reduciendo la actividad minera. Al personal de interior con los trabajos más duros —picador, barrenista, ayudante de picador, ayudante de artillero...— se le asigna un coeficiente de 0,5. Por cada año trabajado reduce su edad de jubilación en medio año sobre los 55 a los que dejan de trabajar. Este grupo puede prejubilarse con 45 años si lleva 20 trabajados.
El ministerio, que da 271 millones este año en ayudas, dice que no hay incidencias
Fernando Óscar Lamelas Pombriego, hijo de Lamelas Viloria, tiene 49 años y es un minero prejubilado. Estuvo dado de alta en la mina Alto Bierzo como personal de interior. Fernando figuraba como administrador de esa mina, de la que su padre posee el 55%. Su sueldo no era el de un minero. Tenía un salario base de 1.024 euros al mes más una “gratificación voluntaria” de 5.825. En total, 7.200 euros al mes, según un informe del administrador concursal que lleva la firma.
Fernando se prejubiló en diciembre de 2012 y es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de León. La prejubilación máxima es de unos 2.500 euros al mes. Actualmente es gerente de un parque eólico y consejero de la inmobiliaria Gv Vilomon, del grupo Viloria. El patriarca esgrime que también pertenece al grupo de salvamento de mineros, “donde están los mejores”. “Está prejubilado, como es natural”, justifica: “Uno que nazca en Castilla no puede ser marinero. Fernando es ingeniero y terminó de director pero pisó mucha mina”.
Manuel Lamelas Viloria —Viloria a secas en el mundillo— es junto con Victorino Alonso uno de los grandes empresarios del carbón de León y defiende la herencia familiar. “De guaje yo iba a jugar al pozo y gracias a Dios que mis hijos han salido mineros”.
También está prejubilado el hermano mayor, Manuel, de 50 años, que fue consejero de Alto Bierzo mientras cotizaba como vigilante de primera. Ahora tiene 50 años y figura como apoderado o socio en una veintena de sociedades. “Claro que está prejubilado, ha pisado mina de todo”, recita el patriarca, que no duda en repasar la lista de sus hijos. Tiene siete, y seis han estado dados de alta en las empresas familiares.
En la otra mina del clan, Hijos de Baldomero García, figura como empleado Diego Lamelas Pombriego, que es administrador de varias empresas del conglomerado familiar. Diego, que es ingeniero industrial, también muestra una mancha de carbón en su mano. Sostiene que él tiene un coeficiente de 0,4, “como todos los ingenieros de la empresa”. Así puede adelantar su prejubilación en casi cinco meses por año trabajado. Admite que desciende al pozo una o dos veces por semana porque está en otras empresas y que le gustaría bajar más. “Si baja un día a la mina tercia el coeficiente reductor”, afirma el padre.
El decreto de prejubilaciones reserva ese coeficiente a “personal de interior que participa en las labores de arranque o avance de forma indirecta, significadamente mediante el manejo de explosivos, labores de carga y transporte del mineral”. Entre las categorías que incluye está la de “técnico o vigilante, en labores de arranque y preparación”. Jesús González Vizuete, abogado laboralista, da otra interpretación: “Los coeficientes de 0,5 o 0,4 son para gente que está permanentemente en el interior de la mina”. Diego no entra en eso: “Son interpretaciones de la ley que, obviamente, no voy a discutir”.
Además de los hijos también se han acogido a la prejubilación directivos. José Antonio Balín Taboada es apoderado y representante de Alto Bierzo ante el juzgado de Ponferrada que investiga un fraude millonario en el carbón. Cobraba 6.315 euros al mes y se prejubiló en octubre pasado.
Fuentes conocedoras de la empresa que piden el anonimato por miedo a represalias niegan que sean habituales de la mina. Un sindicalista admite que José Antonio, el que cotiza como minero de primera, baja a la mina cuando acude a Hijos de Baldomero.
El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, de Industria, paga las prejubilaciones pero apenas controla, según fuentes conocedoras del organismo. Un portavoz de Industria afirma que “el plan se está desarrollando sin incidencias”. Viloria sostiene que no hay fraude porque en el régimen de la minería la cotización es mayor que en el general. Sin embargo, las prejubilaciones corren en parte con cargo a Industria. Solo en el presupuesto de 2015 hay una partida de 271 millones de euros para prejubilaciones.
investigacion@elpais.com
Una peluquera al "pozo moqueta"
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias destapó en 2012 tres contratos simulados en una mina para acceder a beneficios de los mineros. Una peluquera había sido contratada en una mina tres meses antes de que cerrara, porque así tenía derecho a una recolocación en la empresa pública Hunosa, cuya sede central es conocida como “el pozo moqueta”. Esta dejó su empleo en una peluquería el 30 de julio de 2007 para ser contratada al día siguiente como ayudante minero. Tres meses después fue incluida en un ERE.
“En ninguno de los tres trabajadores existe preparación ni antecedente laboral para ser contratado en un puesto de su categoría. Así, una persona que viene de trabajar en panadería o como peluquera, se incorpora como ayudante minero”, señala la sentencia, de abril de 2012. El tribunal falló que “la contratación innecesaria y de todo punto irrazonable” lleva a concluir que la mina “incorporó a los demandantes a su plantilla con el único propósito de procurar su recolocación en Hunosa”.
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