La OCDE pide acelerar la lucha contra la evasión fiscal tras la ‘lista Falciani’

“Con SwissLeaks, el juego ha terminado”. La frase, del director de asuntos tributarios de la OCDE, Pascal Saint-Amans, puede sonar demasiado lapidaria y optimista, pero el organismo internacional no ha dejado pasar la oportunidad este de enfatizar este martes la necesidad de mejorar el marco global de lucha contra la evasión de impuesto. Confía en que con la presión de la opinión pública al alza, tras sucesivos escándalos fiscales ligados a grandes fortunas y empresas —desde el de Liechtenstein en 2008 al que ahora ha desatado la investigación periodística a partir de datos de la conocida como lista Falciani—, fuerce a los Gobiernos más reticentes a adoptar los cambios normativos que abandera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por encargo del G20.

Cada año, los Estados dejan de recaudar miles de millones de euros por culpa de que los resquicios en los sistemas tributarios permiten a los defraudadores aprovechar las legislaciones más laxas en temas fiscales. Los datos revelados ahora por el consorcio internacional de periodistas de investigación, a partir de la información que se llevó el informático Hervé Falciani de una sola sede del banco HSBC de Suiza, muestran que más de 100.000 personas tenían cuentas en esta entidad de Ginebra por valor de unos 200.000 millones de dólares en una sola sede del banco.

Esta información ya fue analizada por las autoridades fiscales de algunos países europeos en 2010. En el caso español, la Agencia Tributaria concluyó que 659 de los 3.000 titulares de cuentas en HSBC habían aprovechado el secreto bancario que les brindaba la entidad suiza para defraudar.

Los ministros de Finanzas del G20, reunidos este martes en Estambul, renovaron su compromiso con el plan de acción de la OCDE contra la “erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios” (BEPS, por sus siglas inglesas).

Las firmas que facturen más de 750 millones deberán desglosar datos por países 

El Plan BEPS se compone de 15 medidas, siete de las cuales ya fueron aprobadas el pasado año en Brisbane (Australia), entre ellas nuevos estándares para el intercambio automático de información tributaria entre países. Las restantes se presentarán en noviembre en la cumbre de líderes del G20 en Antalya (Turquía).

La OCDE instó a avanzar en las negociaciones sobre un instrumento global, más transparente, al que subordinar los más de 3.000 tratados bilaterales contra la doble imposición y evitar así que este tipo de acuerdos faciliten la elusión de impuestos. Además, se han concretado medidas destinadas a evitar que las multinacionales se aprovechen de las diferencias en la legislación tributaria. Así, las empresas con una facturación superior a 750 millones de euros deberán detallar, a partir del año que viene, las ventas, ganancias, número de empleados, activos e impuestos que registran en cada país y enviarlos a la Hacienda del Estado en que tengan su sede legal. Y a partir de 2017, las administraciones deberán compartir estos datos con las de otros países en que la multinacional tenga actividades, de acuerdo con los tratados existentes.