La OCDE insta al Gobierno a modificar la indemnización por despido

Los organismos internacionales insisten a España en que, pese a la vuelta al crecimiento económico, el tiempo de las reformas urgentes no ha acabado. Lo más probable es que buena parte de las recetas que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), caigan en saco roto este año, muy condicionado por las citas electorales. Pero el foro de los países industrializados, que publica hoy una nueva remesa de recomendaciones a las principales economías, cree que con la brecha de ingresos ampliándose y "un desempleo persistentemente alto" los cambios legales son prioritarios, sobre todo en el mercado laboral y el sistema educativo. Y para ello reitera la necesidad de modificar otra vez la indemnización por despido, la negociación colectiva y el sistema de políticas activas de empleo.

El Gobierno de Rajoy encargó a la OCDE que revisara su reforma laboral, a la que el organismo internacional respaldó en líneas generales. Pero ya entonces advirtió que no hacía lo suficiente por atajar la "dualidad" entre contratos temporales y fijos. Con la percepción de que esa dualidad no solo no se ha limitado, sino que se extiende a otras figuras laborales y tras constatar que el Gobierno no adoptado "ninguna" nueva medida, el organismo que dirige Ángel Gurría insiste en la necesidad de "armonizar las principales disposiciones en todos los diferentes tipos de contratos". "En particular", añade, "la indemnización por despido tendría que establecerse en forma uniforme, con el fin de que en todos los tipos de contratos sea baja en un principio y aumente paulatinamente con la permanencia en el puesto". Es una propuesta muy similar a la planteada por los economistas de la fundación Fedea, que el Gobierno ha rechazado aplicar.

Pese a la devaluación salarial registrada en los últimos tres años, la OCDE no cree que el sistema de negociación colectiva garantice que "los salarios respondan con mayor rapidez a las condiciones económicas en caso de choques adversos", es decir que bajen para evitar que lo que se produzcan sean despidos masivos. Para ello, demanda reforzar la legitimidad y eficacia de los convenios sectoriales, para extender así los pactos de rentas que puedan adoptar sindicatos y empresas, frente a la vía de convenios empresariales que ha priorizado la reforma laboral.

Y vuelve a la carga con la necesidad de fortalecer las políticas activas de empleo, una de las facetas en las que España sale peor parada en la comparación internacional, pese a las últimas reformas que condicionan los recursos financieros a los resultados o a la apertura de un portal único de empleo. Según la OCDE, hay que "aumentar los recursos y la eficacia de los servicios públicos de empleo, ampliar las medidas de formación para los desempleados".

Además de las medidas en el mercado laboral, la OCDE respalda la filosofía de la reforma educativa que ha empezado a implantar el Gobierno, pero reclama una mayor adecuación a las necesidades del mercado laboral de la formación profesional y advierte contra el descenso "en el importe medio de las becas", que debería mantenerse. La OCDE, sin embargo, es partidaria de establecer una vía alternativa de "créditos reembolsables", una medida muy contestada por la comunidad educativa española.

Por último, en cuanto a las reformas de los mercados de productos y servicios, la OCDE reclama una aplicación "rápida y completa" de la Ley de Unidad de Mercado, y constata la necesidad de nuevas medidas para "mejorar la competencia del mercado minorista" o "reducir las barreras de entrada al transporte ferroviario y marítimo, y al mercados de carburantes". También exige "reducir el número de actividades profesionales que exigen ser miembro de un colegio profesional y el costo de esta membresía". Es exactamente lo que incluye desde hace meses el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales, elaborado por el Ministerio de Economía. Pero todo apunta a que la norma, muy criticada por algunos influyentes colectivos profesionales, no será aprobada —Economía alega una revisión de calificaciones profesionales en el ámbito comunitario—, en el tramo final de la legislatura.