El revés oscuro de una buena causa

Cuatro millones de personas trabajan en Bangladés en el sector textil, a menudo en condiciones infrahumanas. Desde el desplome del edificio Rana Plaza, situado en el cinturón industrial de Daca, la capital, que mató a 1.138 personas e hirió a más de 2.000 el 24 de abril de 2013, las multinacionales del vestido han sido blanco de críticas.

La situación parece no haber mejorado demasiado: el acuerdo sobre seguridad en los edificios y prevención de incendios en Bangladés es un paso, pero sólo ha sido firmado por unas 180 empresas en el mundo, según la campaña Ropa Limpia. Este movimiento internacional sigue reclamando a gigantes como Benetton, durante años un paradigma de la gestión responsable, que paguen las indemnizaciones a las familias afectadas. El Corte Inglés, la británica Primark, la canadiense Loblaws y la danesa Group PWT tuvieron que admitir, entre otras, que se nutrían de prendas en esos talleres insalubres. Los grandes almacenes españoles aseguraron entonces que la fábrica había pasado una auditoría social en el marco de BSCI, una organización formada por 1.400 empresas comprometidas para velar por mejorar las condiciones laborales de las empresas suministradoras.

No hay que irse tan lejos para comprobar lo insustancial de muchas certificaciones, premios o informes. En 2010 Pescanova recibió de un instituto llamado CRF el sello “Empresa con más futuro”, que supuestamente acreditaba su buen hacer en aspectos como el gobierno corporativo, negocio, capital humano e impacto en la comunidad. Desde luego, su “impacto en la comunidad” fue mayúsculo en febrero de 2013, cuando se descubrió que durante años había tapado un inmenso agujero patrimonial a base de maquillaje contable. Dejó sin un euro a sus inversores, perdió importantes activos y se convirtió en un símbolo del fracaso con, eso sí, una labrada imagen de empresa sostenible.

Fórum Filatélico, ejemplo ibérico de lo que significan las estafas piramidales, construyó su buena reputación a base de patrocinios deportivos, gracias a los que recibió, en 2004, el premio “Empresa del año” de la Cámara de Comercio de España en Francia por su acción social, cultural y económica. Viajes Marsans, grupo quebrado por la gestión fraudulenta de sus administradores, entre ellos el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán, decía estar sinceramente comprometido con un programa de apoyo al desarrollo del turismo en África. La ingente obra social de las cajas de ahorros españolas las hacía acreedoras de las más altas calificaciones en RSC, hasta que tuvieron que ser rescatadas tras dejar sin blanca a decenas de miles de ahorradores.

Frente a este puñado de ejemplos, España ha reaccionado con acuerdos como la Estrategia Española de RSC 2014-2020, un documento firmado el pasado 24 de octubre por la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Empleo para “reforzar los modelos de gestión sostenibles”. Su misión descansa en la voluntad de las empresas de querer aplicar códigos de conducta y establecer políticas enmarcadas en iniciativas y acuerdos internacionales, como el Pacto Mundial de la ONU, las directrices de la OCDE, la Declaración tripartita de la OIT o la norma ISO 26000. En cualquier caso son de adscripción voluntaria. La CEOE tiene claro que las empresas deben operar en todos los países del mismo modo que lo harían en España, pero sin que se les imponga “la obligación de que asuman funciones que les corresponden al Estado en el que trabajan”, según fuentes internas. “No pueden hacer de policías de toda la cadena de suministro. Eso es ir mucho más allá”.

El suceso de Bangladés, quizá el más importante pero no el único que ha causado cientos de muertes por las miserables condiciones de trabajo impuestas bajo la presión de las multinacionales, ha sido un nuevo punto de partida para revisar estándares internacionales. Aunque se observa también como un fenómeno recurrente difícil de atajar.

Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), recuerda que la RSC “se impulsó con fuerza como reacción a escándalos como el de Nike de mediados de los años noventa [cuando la compañía fue acusada de emplear a niños para coser balones de fútbol en Pakistán]. Hoy el debate sigue estando activo. Las empresas se lanzan al contraataque para aparecer como benefactores sociales, pero el hilo de responsabilidad está roto en la subcontratación. En Bangladés se vio muy bien: ninguna de las marcas que operaban en el edificio eran internacionales, pero sí estaban detrás. Necesitamos que asuman obligaciones extraterritoriales, que la responsabilidad se extienda a toda la cadena de valor. Porque de lo contrario estos sucesos seguirán repitiéndose”. Activistas y expertos en políticas sostenibles dentro de la empresa coinciden en una cosa: la mejor arma para avanzar es poner en evidencia a quien tiene que rendir cuentas.