Mutua Universal indemniza a un directivo imputado por desviar fondos

Mutua Universal ha despedido a uno de sus directivos, Jordi Pons Coma, con una indemnización de 569.191 euros. Y lo ha hecho pese a que Pons es de los directivos de la mutua que enfila el banquillo por un fraude de 200 millones procedentes del dinero público de las cotizaciones sociales. La Seguridad Social ha pedido sin éxito en el juzgado de Barcelona que investiga el caso el embargo de los bienes de Pons para hacer frente a una eventual condena, ya que el fiscal le acusa de malversación, apropiación indebida, administración desleal y falseamiento de cuentas.

Empleo ha pedido sin éxito que se embarguen sus bienes

El economista Jordi Pons entró en Mutua Universal en julio de 1989. Las mutuas son las sociedades que se nutren de cotizaciones sociales y no pueden tener ánimo de lucro. Trabajan en colaboración con la Seguridad Social y gestionan contingencias de accidentes y enfermedades profesionales. Están tuteladas por Empleo, que fiscaliza sus gastos y su gestión. En 2013, Mutua Universal ingresó 790,9 millones de cotizaciones sociales procedentes de empleados de 148.356 empresas.

En 2007, cuando la policía irrumpió en la sede de la mutua en Barcelona, Pons era el auditor de la mutua. Según la Fiscalía Anticorrupción y el juez que instruye el caso, Pons está entre los 11 directivos que “se habían concertado con el fin de expandir el negocio de la entidad a costa del patrimonio de la Seguridad Social”. Según el titular del juzgado 21 de Barcelona, “detrajeron fondos de carácter público que aplicaron a conceder beneficios a determinados asociados”. Se trata de los llamados extornos, devoluciones ilícitas de cuotas que daban a empresas y que suman 195 millones entre 1998 y 2007 (lo anterior ha prescrito).

El juez señaló el pasado junio como responsables al exdirector general Juan Aicart —“ejerció la máxima responsabilidad ejecutiva con un intenso cariz jerárquico”—, cuatro subdirectores generales, José Eduardo Villa, Alfredo Isidro Maciá, Francisco Javier Tobajas y Josep García Belaire. El auto fue recurrido, lo que ha alargado la instrucción, aunque está próxima a su fin.

Pons era uno de los jefes de departamento por debajo de los subdirectores que “resultaron imprescindibles para el diseño y ejecución de las políticas delictivas”, según el juez. Además, era uno de los accionistas de los grupos Santa Iscla Unión y Aura Global, un “complejo entramado societario […] que era ilegalmente financiado por la mutua”, según la fiscalía. Estas empresas tenían en muchos casos como único cliente a la mutua, lo que “generó graves supuestos de incompatibilidad de cargos respecto de la Mutua Universal, así como un palmario conflicto de intereses que se resolvía en perjuicio de la mutua”.

El entramado empresarial tenía una rama con una veintena de firmas dedicada al sector sanitario y otro al sector inmobiliario. Una de esas llegó a construir una promoción de viviendas en Guardiola de Berguedà (Barcelona), “finalidad que resulta ajena a cualquier de los fines propios de la mutua”, según el juez. La promoción generó unos beneficios de 536.064,44 euros. El juez considera que no se ha podido acreditar cuánto dinero público acabó en estas empresas.

Según el juez, Pons era “imprescindible para el diseño y ejecución de las políticas delictivas”

Pese a la imputación y la gravedad de las acusaciones, Pons siguió en el cargo durante años. Fue despedido en 2013. El 2 de enero de ese año recibió una indemnización de 569.191 euros por un despido improcedente. La Seguridad Social conoció este otoño esa indemnización durante la auditoría que realiza anualmente la Intervención General de la Seguridad Social sobre la Mutua.

El pasado 17 de noviembre, la abogada de la Seguridad Social pidió al juzgado el embargo de las cuentas de Pons “dado que las responsabilidades pecuniarias del procedimiento son muy elevadas y no están suficientemente garantizadas”. El juez ha denegado el embargo “sin perjuicio de ulterior acuerdo, cuando se determine la responsabilidad civil que corresponde a cada uno de los imputados”. La defensa de Pons no ha querido comentar el caso y la Mutua defiende que se trata de una indemnización normal por un despido improcedente.

No es raro que las mutuas despidan a directivos con jugosas indemnizaciones cuando están punto de jubilarse. Cuando la Seguridad Social lo detecta reclama que la mutua devuelva el dinero con cargo a su patrimonio privado. En abril de 2013, el Tribunal Superior de Madrid dio la razón en parte a la Seguridad Social en el caso del exdirector de Prevención de Fremap, en el cargo entre 1972 y julio de 2008. Ganaba 126.549 euros al año y fue despedido con una indemnización de 436.307 euros. El tribunal ordenó devolver dinero porque ese despido “desde un punto de vista empresarial resulta incomprensible”: habría sido más barato dejarle dos años en su puesto que indemnizarlo para que pasara dos años al paro.

Aicart ya fue despedido en 2007, días después de que Anticorrupción presentara su querella, con una indemnización de 600.000 euros. Nunca ha sido embargado, según fuentes del caso.

Identificar a las empresas beneficiadas

El fiscal considera que las empresas que se beneficiaron de los regalos de la Mutua son responsables civiles a título lucrativo, por lo que la Seguridad Social ha pedido que se identifique a todas las beneficiaras por si acabado el caso tienen que devolver dinero.

El informe pericial de la Intervención de la Seguridad Social detalla que se beneficiaron 1.185 empresas. 29 de ellas obtuvieron más de un millón. En la lista figuran PSA Peugeot-Citröen y Automóviles Citröen (beneficiadas con 17,6 millones), Urbaser (10,7 millones), Carrefour (9,7 millones), Manpower (6,2 millones) y La Caixa (3,1).

La Caixa tenía con dinero público “dotación de fisioterapia para su personal directivo”

Las empresas solían obtener con cargo a la Seguridad Social “material informático, botiquines, material de prevención, pago de estancias en hoteles y viajes, chequeos médicos, mobiliario, reparaciones y obras, cursos de formación...) proporcionados a la mutua por parte de determinados proveedores pero cuyo coste era asumido ilícitamente por Mutua Universal”. El informe pericial señala que La Caixa tenía así pagado con dinero público “dotación de fisioterapia dedicada a la rehabilitación funcional del personal directivo” y “reconocimiento médico del personal VIP” en las clínicas Teknon de Barcelona y la Ruber de Madrid.

La junta directiva de Mutua Universal, formada por representantes de empresas asociadas y presidida aún por Juan Echevarría, exsuegro de Joan Laporta y fundador de un partido de derechas (Solidaritat Catalana) en 1980 junto al presidente de la CEOE, Juan Rosell, quedó eximida en la instrucción.